Del comercio libre al administrado
El 27 de agosto pasado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció, mediante una llamada telefónica al presidente Enrique Peña Nieto, y en frente de los equipos negociadores de sendos países, el fin de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México.
Para sorpresa del mismo presidente Peña, el acuerdo no constituye una “modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como se ha sostenido en México desde el inicio de las negociaciones. Trump aclaró, ante él y los negociadores, que el TLCAN se terminaría y lo que procedía entonces era enviar el nuevo texto, que ahí mismo bautizó como “Acuerdo Comercial”, para su discusión y ratificación en el Congreso estadounidense.
La eliminación de “Libre Comercio” del nuevo acuerdo comercial entre ambos países no es casual. El mismo día, el presidente Trump volvió a reafirmar que los acuerdos bajo este rubro firmados con anterioridad han sido nefastos para su país. A reserva de que se haga público el nuevo texto, todo parece indicar que el nuevo acuerdo recoge las inclinaciones mercantilistas de Trump: los nuevos acuerdos comerciales en los que se involucre EU deben ante todo beneficiarlo, de lo contrario, se elevan unilateralmente aranceles y todo tipo de barreras. Este parece prevalecer en el nuevo texto negociado, ya que ha trascendido que el capítulo 19 se eliminó y se elevó el contenido regional del sector automotriz de 62.5 a 75%, del cual entre 35% y 40% debe provenir de Estados Unidos, tomando en cuenta la nueva regla de componentes salariales.
En el primer caso, Estados Unidos se liberó de un capítulo que sólo el TLCAN llegó a incluir, y que permitía litigar ante tribunales especiales los abusos provenientes de cualquier parte en la imposición de impuestos por dumping o subsidios. Washington se sentirá ahora más libre para imponer este tipo de impuestos, por razones más proteccionistas que para castigar las prácticas desleales de comercio. En el segundo caso, aceptar que para el cálculo del contenido regional debe tomarse en cuenta un porcentaje y un umbral mínimo de salarios —en este caso, 16 dólares por hora— para permitir la entrada sin arancel de automóviles, equivale a volver a los requisitos de contenido nacional para los inversionistas, una política que México socorrió antes de entrar al TLCAN y que su puesta en vigor eliminó. En el nuevo acuerdo, los requisitos de desempeño los puso Washington.
No queda claro si el nuevo acuerdo eliminará los aranceles que se impusieron justo durante las negociaciones comerciales, al acero y al aluminio mexicanos, o si por el contrario, se pactaron también cupos, como ha trascendido se hizo para el sector automotriz. Mediante este mecanismo, México negoció topes —en principio por encima del volumen que exporta en la actualidad— a sus exportaciones de automóviles para ingresar a Estados Unidos sin arancel.
En caso de que el Representante de Comercio encuentre que los volúmenes de importación de automóviles comprometen la “seguridad nacional” de su país —como justificó precisamente los aranceles al acero y aluminio— Washington se da el derecho de imponer aranceles muy por encima de los permitidos por la OMC. La negociación de cupos con anticipación tiene el objetivo de asegurar la entrada libre de impuestos de los volúmenes pactados.
Todo lo anterior son ejemplos claros de que la retórica y práctica del “libre comercio” llegaron a su término y que una nueva era de guerras comerciales, proteccionismo y comercio administrado, liderada por Washington, ha iniciado. El equipo negociador del presidente Peña pareció elegir la estrategia defensiva menos costosa: pactar cupos y contenidos nacionales que reduzcan las incertidumbres y los costos de entrada al mercado estadounidense, destino de al menos 80% de las exportaciones mexicanas.
Una estrategia de este tipo deja abiertas, sin embargo una serie de preguntas: ¿tendrá la capacidad México para también imponer cupos a importaciones críticas provenientes de EU? ¿Estará el país obligado a apoyar a Washington en sus guerras comerciales frente a Europa y China? ¿Se utilizarán los capítulos laborales y ambientales —incluidos en el acuerdo— para justificar restricciones adicionales a la entrada de productos mexicanos?