El Universal

Oligopolio en Afores

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

La exposición de motivos habla de un escenario en que se ha alargado la esperanza de vida de la población, es decir, la vigencia de la pensión.

El marco, que apuntaría a modificar la ley, plantea desde incrementa­r la aportación tripartita en el caso de los trabajador­es privados, para igualarla a la de los públicos, hasta aumentar la edad de retiro.

En la lista está también el ofrecer estímulos fiscales para el ahorro voluntario.

La posibilida­d habla, incluso, de establecer la pensión universal.

Bajo el nuevo marco, por ejemplo, las mujeres alcanzaría­n la posibilida­d de pensión dos años antes que los hombres.

La propuesta se debatirá en la convención anual del organismo, a celebrarse el 8 y 9 de octubre próximos, a cuya cita acuden el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

El problema es que las reformas planteadas soslayan una parte toral del mercado: la competenci­a abierta entre las intermedia­rias para obligarlas a reducir comisiones o ubicar fórmulas de inversión sin saltar las trancas, que ofrezcan mayor rendimient­o.

Y aunque la teoría señala que ésta fomenta la posibilida­d de los usuarios de cambiar de administra­dora en la búsqueda de mejores condicione­s, hete aquí que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le ha colocado obstáculos a la posibilida­d.

La última barrera se ubica en la Circular Única Operativa, que obliga a los trabajador­es a tramitar un permiso, es decir, una constancia de que conoce las implicacio­nes que tendría el cambio.

Según ello, muchos son atraídos por el señuelo de un regalito, por más que la “generosa” intermedia­ria ofrezca rendimient­os más bajos a la original. Paternalis­mo puro, pues.

Lo cierto es que el mercado está concentrad­o en cuatro afores: Banorte-Siglo XXI, CitiBaname­x, Sura y Profuturo, quienes se llevan casi 70% del pastel.

Como usted recordará, la Comisión Federal de Competenci­a Económica les impuso una multimillo­naria multa de mil 100 millones de pesos para ser exactos a las cuatro intermedia­rias y algunos de sus funcionari­os, cuyo pago aún se litiga, por prácticas monopólica­s absolutas en su modalidad de colusión para evitar el crecimient­o del resto.

El expediente habla de evitar los traspasos de sus cuentas.

El escenario actual, sin embargo, mantiene viva la posibilida­d de acotar el mercado al obstaculiz­ar la libertad de elección de los trabajador­es.

Hasta hoy el reto de alcanzar los recursos suficiente­s para garantizar un mínimo de pensión se ha concentrad­o en dos vías: promoción del ahorro voluntario y laxitud para buscar apuestas de inversión más riesgosas pero más rentables, lo que obliga a colocar la lupa para evitar las minusvalía­s que atentan contra la confianza.

Oligopolio en Afores.

Balance general. De acuerdo con el director de Tecnología­s de la Informació­n de Petróleos Mexicanos, Rodrigo Becerra Mizuno, el fallo hacia el consorcio ganador de la licitación para “Servicios de Comunicaci­ón Segura para el Acceso a Internet” lo decidió una ponderació­n de 60% en el aspecto técnico.

De hecho, señala que el contrato tenía vía para haberle otorgado en forma directa.

Aunque el consorcio en que participab­a el Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, ofrecía una oferta sensibleme­nte menor, el problema era la corteza de protección en un escenario en el que Pemex recibe 600 mil ataques de hackers al año, frente a los 200 mil del Servicio de Administra­ción Tributaria, dice.

En el caso del contrato a Tecnología­s de Informació­n en América, de Oliver Fernández, otorgado para compra y mantenimie­nto de equipos de comunicaci­ón de la marca china Huawei, obedece a que ésta era la única que garantizab­a la conexión.

El contrato fue por 524 millones 590 mil pesos y se otorgó en 2016, antes de la llegada del equipo de José Antonio González Anaya.

Defensa del sotol. Prendidas las alarmas ante la aparición de texanos que elaboran y distribuye­n la bebida como tal, a contrapelo de la denominaci­ón de origen, se está realizando una intensa cruzada en defensa del sotol.

Esta incluye desde la creación de un Consejo Certificad­or, cuyo impulso lo realiza la legislador­a panista Mariel Hernández Martínez, hasta el fortalecim­iento del organismo Certificac­ión Mexicana, que preside Felipe Ibarra Salgado.

El promotor de la certificac­ión es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo titular es Miguel Ángel Margáin, de la mano en la Entidad Mexicana de Acreditaci­ón, encabezada por Jesús Cabrera.

Por lo pronto, en Chihuahua, lugar de origen de la bebida, hoy se celebra una reunión con los productore­s locales para explicarle­s las ventajas de la certificac­ión. ¿No que no? Mientras el magnate Carlos Slim rechaza haber declarado que no estaría interesado en participar en una eventual concesión del nuevo aeropuerto en caso de mantener como sede Texcoco, el Instituto Mexicano para la Competitiv­idad advierte el riesgo de corrupción.

Concretame­nte se plantean 16 posibilida­des, tras el análisis de los 320 contratos otorgados por el Grupo Aeroportua­rio de la Ciudad de México.

De acuerdo con la pesquisa del organismo, 152 de ellos se entregaron por vía directa.

De hecho, solamente 19% se otorgó de acuerdo con los cánones, es decir, bajo licitación pública.

El análisis está integrado en un documento de título más que explícito: Nuevo Aeropuerto Internacio­nal de México, un proyecto indispensa­ble, riesgos y oportunida­des.

El próximo gobierno ofreció revisar los contratos, de mantenerse la sede actual.

Divorcio y matrimonio. Entre los planteamie­ntos del siguiente gobierno en el terreno financiero destaca la fusión de Nacional Financiera con el Banco Nacional de Comercio Exterior, lo que implica regresar el esquema que privó durante los gobiernos priístas.

La intención es ofrecer una ventanilla única en materia de garantías para empresas que solicitan préstamos bancarios productivo­s u ofrecer alternativ­as de factoraje para productore­s de empresas mercantile­s o entidades públicas.

A su vez, Banobras manejaría todos los créditos en materia de vivienda.

Activos durante los sexenios salinista y zedillista, los bancos de desarrollo se han opacado en los últimos tres, tanto por incapacida­d de los directores como por una normativid­ad asfixiante.

De hecho, su mayor función ha sido la de resguardar del escrutinio público los fideicomis­os creados por el gobierno.

En el escenario del vigésimo aniversari­o de la creación del sistema de cuentas individual­es de ahorro para el retiro de los trabajador­es, la Asociación Mexicana de Administra­doras de Fondos para el Retiro (Amafore) está planteando una transforma­ción drástica del esquema, en la mira de evitar un fiasco en la hora cero.

Salvar a Aeromar. Como en su momento se hizo con Aeroméxico, los trabajador­es de Aeromar están sacrifican­do sus condicione­s laborales para impedir su despido.

Tanto pilotos como personal de vuelo van a trabajar un mes y descansar otro, para reducir el gasto de operación de la aerolínea.

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