Enseñanzas de la Corte a la Fiscalía Autónoma

Dentro del proceso de transformación de la PGR hacia su nueva identidad como institución autónoma, bien vale la pena tomar en consideración una experiencia cercana, para extraer sus enseñanzas y evitar, si ello es posible, sus yerros.

Hace 30 años inició el proceso de transición de la SCJN, de un tribunal supremo a un tribunal Constitucional, lo cual supuso dotarla de una nueva función al interior del Estado y asignarle un nuevo rol institucional sin moverla de su posición como cabeza del PJF.

Como todo tránsito, ni todo iba a ser nuevo, ni todo iba a permanecer como estaba. Lo relevante, en consecuencia, era decidir qué se quedaba, qué se modificaba, qué se agregaba, y definir también cuándo se modificaba, en el entendido de que resultaba difícil y hasta inconveniente, un cambio abrupto, lo que llevó a considerar que era mejor una reforma previa que preparara el terreno para la cirugía mayor.

Las reformas de 1987 y 1994 dieron una nueva composición al pleno de la Corte, modelaron y adicionaron sus competencias, para erigirla en árbitro de los conflictos políticos, custodio de las leyes y mantenerla como la garante última de nuestros derechos. Para procurar el profesionalismo de la entera judicatura se creo al Consejo de la Judicatura Federal, bajo una integración que mantuvo la influencia de los ministros sobre la carrera judicial.

La metamorfosis, sin embargo, dejó inconcluso el tipo de relación que habría de mantener la cabeza del PJF con las cada vez más amplias partes de su cuerpo, pero dotó a la Corte de la capacidad de ajustar, a partir de la introspección de su función constitucional, los asuntos que buscaría atender, por ser los más significativos, los temas a priorizar y los ritmos de su resolución, con el propósito de confeccionar su propia agenda de justicia y determinar por sí misma sus políticas judiciales.

El funcionamiento de la SCJN, a tres décadas de distancia, nos dice que todavía se encuentra inmersa en su batalla por afianzarse como TC, porque al día de hoy seguimos padeciendo muchos de los problemas que las reformas aludidas buscaron solucionar. En ese trance destaca que no se tuvo la visión para realizar una transformación integral, hubo confusión en el alcance de sus competencias y se careció de un acuerdo de consenso en sus integrantes para concluir, desde dentro, su anhelada transformación.

La nueva Fiscalía autónoma, vista bajo el mirador de la Corte, debe tener sumo cuidado en la selección de los perfiles que habrán de encabezarla porque de ello depende que los objetivos perseguidos por la reforma se alcancen adecuadamente y en el menor tiempo posible. Lo peor que podría pasar es que alguien no idóneo llegue, sostenga que todo está bien, y que el cambio se consume en una simple sustitución de nombre.

Por el contrario, necesitamos un fiscal que esté dispuesto a erigir una nueva institución sobre la base de un patrimonio institucional que está ahí, y que podría parcialmente preservarse. Alguien con la capacidad de advertir y separar lo que está y ha estado históricamente podrido, pero con la inteligencia para hacer pervivir lo sano, y construir sobre ello el andamiaje para una renovada institución.

Una persona que tenga la convicción de asegurar la no dependencia de la fiscalía frente a los poderes públicos, y consolidar al mismo tiempo una plena independencia interna para que cada fiscal y ministerio público tengan la libertad suficiente para asumir su tarea mediante impulsos ciudadanos, no jerárquicos, y para gestionar autónomamente sus asuntos, sin postergarlos o apresurarlos por conveniencias de ningún tipo, lo cual solamente se logra cuando el ingreso y promoción de sus funcionarios se realice de manera profesional y con base en criterios técnicos y meritocráticos.

Pero sobre todo, se requiere de alguien con absoluta claridad de las funciones que se le han encomendado, el espacio de actuación institucional que se le ha conferido, las potestades con las que cuenta, y lo que se espera de la fiscalía de manera mediata e inmediata, en beneficio de una procuración de justicia necesitada, como pocas veces, de atraer de nueva cuenta la confianza de la sociedad. Si no acertamos podemos perder la brújula y en 30 años estarnos preguntando, ¿qué fue lo que pasó?

Necesitamos un fiscal que esté dispuesto a erigir una nueva institución sobre la base del patrimonio institucional que hay