Ana Lilia Herrera
La sabiduría popular advierte que del dicho al hecho hay un trecho. Y en tiempos de posverdad y de la autodenominada cuarta transformación, deberíamos aclarar y exigir que también medie el Derecho cuando de respetar la voluntad popular se trate.
Han sido meses de especulaciones, declaraciones y contradicciones. Muchos nos preguntamos cómo se harán realidad compromisos de buena voluntad sin un análisis de viabilidad o con una clara intencionalidad política, como el caso de los “coordinadores estatales” anunciados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador unos días después de su triunfo en las urnas.
Tras dar a conocer los nombres de las 32 personas que, dijo, serán responsables de vigilar programas y sustituirán a los delegados de las dependencias federales, muchos nos preguntamos si pretende crear una autoridad intermedia entre el gobierno federal y los estatales.
A finales del mes pasado, en medio de la incertidumbre generada por esta propuesta, llegó la esperada reunión del presidente electo con los 32 gobernadores, agrupados desde el año 2002 en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Paradojas de la vida: el presidente electo de México es uno de los miembros fundadores de la Conago, creada “para lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal”.
Y si aspiramos a un mínimo de congruencia, anima saber que tres de los coordinadores en el Congreso también pertenecen a esa primera generación de gobernadores federalistas: René Juárez, Juan Carlos Romero y Ricardo Monreal; es decir que deberíamos atestiguar la defensa de nuestro federalismo y el respeto a las facultades de sus tres ámbitos de gobierno y no un retroceso. Así lo plantearon en el reciente encuentro de la Conago los gobernadores del PRI que ofrecieron un trato respetuoso, pero fueron contundentes: el Pacto Federal no conoce de autoridades intermedias y el adelgazamiento de la burocracia, en el que coinciden, no puede ser un obstáculo para el diálogo directo entre los estados y la Federación. Bienvenidas las labores de coordinación, siempre que no sustituyan o enfrenten a las autoridades democráticamente electas, aclararon.
Antes de que la nueva administración presente al Congreso la propuesta legal que dé forma a las figuras de coordinadores, advirtamos que la SCJN ha señalado que las autoridades intermedias impiden la comunicación y la coordinación directas entre órdenes de gobierno y llegan a ejercer facultades más allá de las que pueden tener conferidas, lo que implicaría un sometimiento antidemocrático.
Los gobiernos estatales y los municipales jugarán un papel central en la defensa del federalismo mexicano y en consecuencia, de las facultades para las cuales fueron electos en las urnas, al igual que López Obrador.
La siguiente administración tendrá que convivir con 12 gobernadores del PRI, 11 del PAN, cinco de Morena, dos del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y otro más independiente. Es reflejo de la pluralidad que vive un país que va por una tercera alternancia pacífica y respetuosa de las instituciones. Por eso es una buena noticia que las reuniones entre López Obrador y la Conago que, por cierto preside Manuel Velasco de Chiapas hasta los primeros días de diciembre, se hayan dado en armonía.
Cumplir la ley y no caer en la tentación de modificarla a modo es lo que sigue, para que los resultados que todos anhelamos involucren la participación de los tres poderes y los ámbitos federal, estatal y municipal de gobierno. Hoy más que nunca los contrapesos son necesarios para evitar excesos y autoritarismo, pero también para sumar esfuerzos en pro de quien nos mandata: la sociedad mexicana.