Un fiscal que (al menos) sea útil

Ha entrado en ruta final la discusión en espacios clave para designar al primer fiscal general de la República. Todo indica que lo que surja de este proceso no dejará del todo contento a nadie, lo que supondrá una buena noticia, pues habrá prevalecido el principio más básico de la política, que halla consensos básicos entre lo deseable y lo posible.

El anteproyecto de reforma legal empezó a circular en varios ámbitos que, seguramente, en las próximas semanas, se embarcarán en una polémica intensa. Es un avance que exista ya un documento en blanco y negro, que, a regañadientes o no, está en manos de los actores involucrados. El protagonismo sobre el tema fue asumido, en años recientes, por organismos de la sociedad civil que obtuvieron apoyos claros desde el sector privado, tanto nacionales como foráneos, con una singular agenda, cuyo punto principal fue arrebatar al Estado el nombramiento del fiscal. Se postuló que solo de esta manera este funcionario tendría, no únicamente autonomía, sino pureza de propósitos.

Semejante pretensión dejaba de lado que, en el espeso caldo de corrupción en que parece haberse convertido el final de sexenio, chapotean no sólo funcionarios públicos y políticos de todo signo, sino destacados empresarios, de viejo y nuevo cuño. Unos y otros parecieron coincidir en que la política debe ser entendida sólo como una herramienta para hacer negocios.

En este debilitamiento del rol ciudadano, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, se fue quedando solo, incluso en el gremio empresarial, en su demanda de modificar la Constitución para perfilar nuevamente el nombramiento, funciones y atribuciones del fiscal.

Otras instituciones de la llamada sociedad civil que habían conquistado una voz fuerte en este debate, con estudios serios sobre competitividad, corrupción y rescate de la educación, perdieron peso cuando sus liderazgos dejaron asomar en el proceso electoral una abierta y militante simpatía en favor de candidatos presidenciales a la postre sonoramente derrotados, en particular el panista Ricardo Anaya.

Un acercamiento entre élites políticas, entre el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y del saliente, Enrique Peña Nieto, abrió un camino más pragmático y suficientemente confiable para actores clave.

En esta línea de consenso empezaron a trabajar las principales casas académicas y personajes de ese ámbito que encontraron un espacio en el ecosistema del próximo gobierno, tanto a nivel federal como para la CDMX.

Ello pavimentó la ruta para el proyecto que ya está entre nosotros, el cual propone para el nuevo fiscal una autonomía relativa frente al Presidente, que se hallaría limitado para removerlo, pero podría echar mano de al menos seis argumentos para retirarlo del gobierno. El más laxo de ellos, cuando “de manera sistemática no se cumplan los objetivos establecidos en el Plan de Persecución Penal”. Una meta cuyo logro difícilmente podría exhibir la última docena de procuradores generales.

El documento es también vago al abordar uno de los aspectos que más preocupan a los conocedores. No sabemos ni el nivel ni la estabilidad del respaldo, político y presupuestal, que el presidente en turno tendría que estar obligado a comprometer en favor del fiscal, los recursos que éste dispondrá, las dimensiones de la estructura que podrá tener.

Quienes han empezado a poner la lupa en el anteproyecto no encuentran tampoco claridad sobre el manejo de peritos y policía que estarían asignados al fiscal, ni el modelo de su relación con los fiscales especializados, como el anticorrupción, el electoral, derechos humanos y otros. Y la medida en que esta estructura estará en predicamento si es sometida a la tijera presupuestal que, en aras de la austeridad, anticipa el futuro gobierno de López Obrador.

Si la propuesta libra los escollos que desde ahora se anticipan; si, como se prevé, podrá abrirse un proceso transparente que perfil e una veintena de aspirantes serios; si entre ellos se decanta una terna con personajes a prueba de todo; la siguiente etapa que viviremos será la de conocer la identidad de aquel que respalde un Senado abrumadoramente dominado por Morena bajo la directriz de López Obrador.

Es en este escenario que sigue avanzando el nombre de Bernardo Bátiz, que fuera procurador de Justicia del político tabasqueño durante su gestión en la capital (2000-2005).

Se puede correr en ese momento el riesgo de perder de vista que lo más relevante será, no solo quién será el titular, sino quiénes y cuántos lo acompañarán para encarar su desafío. En ese desafío puede estar radicada la suerte del próximo gobierno.