Impunidad bajo tierra
Asesinar es un acto de antigüedad bíblica y desde entonces es duramente castigado, menos en México. En este país un grupo delictivo puede matar a más de 170 personas y sepultarlas en cualquier predio sin que ningún gobierno (comenzando por el municipal) se dé por enterado.
La próxima secretaria de Gobernación dijo hace unas semanas a EL UNIVERSAL lo que ningún funcionario del gobierno actual reconoce: “México es un cementerio”. El dicho anterior se consolida con el hallazgo de una megafosa en el estado de Veracruz en la cual habrían asesinado al menos a 174 personas en algún momento hace aproximadamente dos años.
La Secretaría de Gobernación del gobierno saliente admite la existencia de 855 fosas clandestinas, pero Alejandro Encinas, futuro subsecretario en materia de Derechos Humanos, asegura que cuentan con información de que pueden ser hasta mil 150 fosas en todo el país.
Únicamente en Veracruz hay un registro oficial de 601 fosas clandestinas localizadas desde 2011, de acuerdo con información que este diario obtuvo vía transparencia. En ellas se han encontrado 518 cuerpos, además de 660 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas, entre los que están hombres, mujeres y niños, sin identificar.
En cada sitio, los asesinatos debieron haber sido cometidos a lo largo de varias semanas o meses. El modus operandi no puede estar muy alejado del siguente escenario: una fila de vehículos —sobre todo en la oscuridad de la noche— apartándose de caminos principales para internarse en brechas y luego disparar, por decir una forma común de quitar la vida.
Para varios la actitud sospechosa de los criminales no pudo pasar desapercibida, pero ¿para qué denunciar? ¿para poner en riesgo sus vidas? En los últimos años el Ministerio Público y los policías se encontraron en los últimos lugares de la lista de instituciones con mayor confianza por parte de la sociedad, de acuerdo con el Inegi; apenas 30% de la población confía en ellos.
Si no se recupera la confianza en aquellas instancias donde comienza la acción de la justicia, difícilmente la ciudadanía se acercará a denunciar. Cuando se logre un mayor número de denuncias la autoridad tendría que responder de manera eficaz, si no la percepción de impunidad volverá a frenarlo todo y los criminales sabrán que nada cambió.
Este país no puede permitir que miles de sus ciudadanos “desaparezcan” sin que nadie sepa nada y menos sin que la autoridad ejecute alguna acción para investigar.
Hay un número no precisado de mujeres en busca de sus hijos, esposos o hermanos. Sus voces gritan en el desierto. Es hora de comenzar a escucharlas.