¿Estamos ahora mejor que hace seis años?
Con la publicidad alrededor del 6to. Informe de Gobierno, comenzó la despedida del presidente Enrique Peña Nieto (EPN). Como siempre sucede, entre los columnistas comienza la guerra de datos duros para demostrar si el balance de su administración es bueno o malo. Evidentemente, ello depende de cuales usemos y si estos tienen sentido. Al respecto tomamos cifras del Anexo estadístico del Informe de Gobierno y de la base de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que cuenta con series anuales consistentes desde 1980.
El lunes pasado, al divulgarse las últimas cifras de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se festejaba que como nunca antes había crecido su número, rebasándose los 20 millones.
Sin embargo, lo que no se dijo es que con la reforma laboral implementada desde 2012, se legalizó la subcontratación (outsourcing), por lo que muchas personas que ya estaban trabajando en el sector informal, fueron registradas en el seguro, pero con sueldos bajos.
Aunque ha habido una ligera mejoría en el salario promedio de cotización al IMSS real diario, que era de 56.65 pesos en 2012 y de 66.80 en 2018, es decir un alza 17.9% en todo el sexenio, hay marcadas disparidades en su distribución.
Desde la gran recesión (2009), en México creció el porcentaje de la población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2012 este segmento era de 37.2% y en 2018 subió a 44.6%; ello sin considerar a quienes no perciben ingresos, 8% y 6.1% respectivamente.
No se necesita ser un genio para comprender por qué el combate a la pobreza no ha funcionado, y mucho menos si se sigue usando la contención de los salarios como ancla inflacionaria y como ventaja comparativa para ser competitivos internacionalmente.
En lo que respecta al crecimiento económico, medido por el Producto Interno Bruto (PIB), a EPN no le va tan mal si comparamos la tasa media anual de crecimiento (TMAC) desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Se estima un alza de 2.3% en 2018, para poder hacer el ejercicio. Entre 1982-1988 fue de 0.30%; 1988-1994, 4.12%; 1994-2000, 3.26%; 2000-2006, 1.94%; 2006-2012, 1.70%, y 2012-2018, 2.45%. Evidentemente, hay un bajo crecimiento desde 1980, si consideramos que la TMAC hasta 2018 sería de 2.37% y mejora un poco si contamos desde 1990 (2.55%). Esto es, no se logró crecer más de lo habitual y se contó con la suerte de que no se atravesara una recesión mundial, por lo que tampoco hay que echar las campanas al vuelo.
El PIB, como es bien sabido, no representa adecuadamente el bienestar de la población. Para ello tenemos que considerar cómo se distribuye el ingreso y los niveles de pobreza existentes en el país. Lo primero lo medimos con el índice de Gini, que era de 45.4 en 2012, subió a en 2014 a 45.8 y bajó a 43.4 en 2016, esto es, sólo dos unidades en cuatro años y seguimos siendo un país muy desigual. Pero si además se considera que en México este coeficiente hay que ajustarlo para que mida realmente el fenómeno, como incluso lo han reconocido diversos expertos, algunos de Inegi, la situación es peor.
Por lo que respecta a la pobreza, los resultados son mixtos. Medida como porcentaje de la población total, la pobreza multidimensional en 2012 fue de 45.5%, en 2014 de 46.2% y en 2016 de 43.6%; la extrema para los mismos años fue de 9.8%, 9.5% y 7.6%, que obviamente es la cifra en la que insiste la publicidad oficial. A pesar de todo el enorme gasto social para reducir la pobreza, los resultados son escasos.
Adicionalmente, lo que se difunde menos es que la población con ingreso menor a la línea de bienestar prácticamente no mejoró entre 2012 y 2016, al pasar de 51.6% a 50.6%. Para los mismos años, el porcentaje con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo baja de 20% a 17.5%, que equivale a 21.4 millones de personas.
Respecto a la inflación, la administración de EPN sale bien librada. Tomando como base el índice pre- cios al consumidor (INPC) de diciembre de 1982 a 2018 y estimando que su tasa sea este año de 5.15%, la calculamos por su TMAC: de 1982 a 1988 fue de 83.37%; de 1988 a 1994, 15.64%; de 1994 a 2000, de 21.77%; de 2000 a 2006, de 4.44%; de 2006 a 2012, 4.27%, y de 2012 a 2018, de 4.23%. Sin embargo, habría que hacer algunas consideraciones a favor y en contra.
El resultado es encomiable considerando la fuerte depreciación del tipo de cambio registrada en los últimos seis años y que se logró contener en buena medida el traspaso a los precios; sin embargo, ello se hizo en parte haciendo trampa, por ejemplo, incrementando los subsidios a la gasolina y a la electricidad entre 2014 y 2016, para aparentar que la reforma energética había permitido reducir los precios, lo que deterioró las finanzas públicas, generando cuestionamientos de las calificadoras y del FMI, como lo hemos comentado ampliamente en esta columna.
La deuda bruta del gobierno reportada por el FMI como porcentaje del PIB, que es el parámetro más usado por las calificadoras, tuvo un desempeño desfavorable. En 2012 era de 42.65%, y subió consecutivamente hasta alcanzar 56.81% en 2016. Es hasta 2017 que la consolidación fiscal comienza a dar resultados y bajó a 54.18%; en 2018 el organismo estima que sea de 53.52%, es decir, considerablemente más elevada que seis años antes. Pero este esfuerzo se hizo a costa de reducir dramáticamente la inversión física de Pemex y CFE.
En conclusión, México creció a tasas modestas con una inflación estable, manteniendo elevados niveles de pobreza y de desigualdad en los últimos seis años, por lo que estamos igual y ello no resulta ningún consuelo. Lo preocupante es que esta estabilidad no está garantizada ante la vulnerabilidad que genera el descontento social, finanzas públicas no tan sólidas y un entorno externo complicado.