Raúl Rodríguez
“Lo que la Judicatura no ha ejercido coincide con los ahorros que ofrece. Eso no es un esfuerzo de ahorro en serio. Es quitarse lo que no pudieron o no supieron gastar”.
El miércoles pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia se propone un recorte de 853 millones de pesos en su presupuesto del año próximo.
La noticia se entendió como parte del ofrecimiento de ahorrar cinco mil millones de pesos en todo el Poder Judicial Federal (Corte, Consejo de la Judicatura y Tribunal Electoral), durante el ejercicio fiscal del año entrante, que planteó su presidente Luis María Aguilar a AMLO durante la visita de cortesía que éste realizó al máximo tribunal del país hace unas semanas.
Estas, a primera vista, parecen señales claras y fuertes de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Poder Judicial del país se suman al esfuerzo de austeridad convocado por el nuevo gobierno.
En días recientes, sin embargo, apareció en redes una grabación del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura en la que asegura que de ninguna manera se reducirán las prestaciones y los salarios de la alta burocracia judicial.
Esa grabación, hasta donde pudo indagar este reportero, habría sido filtrada por algunos de los jueces y magistrados presentes en la reunión donde fue pronunciado ese discurso, lo que evidencia un mal ambiente al interior del PJF.
En ella reitera el argumento de que, en lugar del recorte de sueldos, se harán ahorros por cinco mil millones de pesos en otros rubros.
Pero revisemos a detalle los números, para que vea lo que realmente está pasando con la propuesta de austeridad del ministro Aguilar.
De entrada, dejemos en claro que la mayor parte del presupuesto del PJF no corresponde a la Corte sino al Consejo de la Judicatura Federal.
Para el ejercicio fiscal de este año, la Corte opera con mil 600 millones de pesos mientras que el Consejo dispone de 61 mil 838 millones. De manera que el Consejo tiene un gasto once veces mayor que el de la Corte. Y es ahí donde podría estar la trampa.
En los presupuestos asignados durante los últimos años al CJF se registran, de entrada, enormes subejercicios, es decir, recursos no gastados en los rubros para los que fueron solicitados.
Tan sólo en 2016, el CJF tuvo, según sus propios informes, un subejercicio de más de 6 mil millones de pesos (11.04% de su presupuesto); en 2017 de cinco mil 232 millones (5.50%) y para este año se estima en cinco mil 292 millones de pesos, de acuerdo con el punto ADM/001 del acta del pleno del CJF celebrado el pasado 11 de julio, una copia de la cual llegó a manos de este reportero.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante, pues el monto de lo que no se gastó el Consejo de la Judicatura Federal este año, es decir sus subejercicios, coincide con los ahorros que el presidente del Consejo, Luis María Aguilar, ofreció al presidente electo como plan de austeridad.
Eso no es entonces un esfuerzo de ahorro serio. Es quitarse lo que no pudieron o no supieron gastar.
La citada acta no solo reporta los subejercicios, sino también un errático manejo financiero del CJF y sus efectos en la administración de justicia.
Este 2018, por ejemplo, el “programa de justicia cotidiana” tuvo un subejercicio de cien por ciento. Se trata de un programa que tiene el objetivo de acercar la justicia a la gente y no lo ejercieron. Peor aún: el programa de instalación de nuevos órganos jurisdiccionales trae un subejercicio de 88.1% , esto es 850 millones de pesos. Pero a pesar de eso, el CJF pide para es rubro en 2019, un aumento que lleva esa cifra a mil 518 millones de pesos.
Así que el Consejo de la Judicatura parece no comprender los nuevos tiempos que vienen y que sus números están siendo severamente fiscalizados.
No se entiende por qué manda mensajes de ahorro, cuando en realidad no los hay y, al contrario, solicita un incremento presupuestal.
La situación en el Poder Judicial Federal es tan delicada que la falta de credibilidad en sus números y operaciones ya ocasionó que los legisladores de Morena presentaran, el martes pasado, iniciativas de reforma constitucional y legal para reducir sueldos y prestaciones, incluidos ministros y magistrados, así como la cancelación de choferes, asesores y asistentes particulares.
La información parcial y sesgada que ha dado el titular del CJF parece haber abierto la puerta a un enfrentamiento con los otros dos Poderes de la Unión (el Legislativo y el Ejecutivo) que ya han anunciado medidas para frenar excesos administrativos y oscuros manejos.
Quizá otra cosa sería si hubieran atajado oportunamente la corrupción en sus filas y aprovechado las reuniones de transición para hablar de retos y lograr acuerdos. Ahora, dos Poderes de la Unión se sienten traicionados. Y seguramente habrá consecuencias.