Carlos Vilalta
Le tengo tres noticias. Una buena. Otra no tan buena. Y otra incomprensible. Primero la buena. Gracias a la Guía Rápida del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, uno se puede enterar de que el gasto en el llamado rubro de “asuntos de Orden Público y Seguridad Interior” (léase seguridad pública mayormente) se incrementó un 7.8% frente al gasto de 2017. Ok, muy bien. Ahora la no tan buena: que el gasto en este rubro representa el 0.9% del gasto neto total de la Federación que, puesto en pesos, estamos hablando de 45.7 mil millones de pesos destinados a lo que representa ser el mayor problema nacional actualmente. Y bueno, pues finalmente la incomprensible, al menos para mí: que leyendo la misma guía rápida, uno también se puede enterar de que para el llamado rubro de “acciones del Legislativo federal”, se destinó un 0.3% del gasto neto total de la Federación, es decir, 15.3 mil millones de pesos; que visto comparativamente, es una tercera parte de lo que se destinó a la seguridad pública.
Así que lo incomprensible para mí consiste en lo siguiente: ¿por qué se destina al trabajo de 128 senadores y 500 diputados federales, una tercera parte de lo que se destina al trabajo de 37 mil 901 policías federales (y nos falta sumar otros más)? (ver Censo Nacional del Gobierno Federal, Inegi, 2017). Aquí, pienso, hay indicios de inequidad en el reparto de los “denarios” y un error en la priorización de los problemas nacionales. Porque que yo sepa, el Legislativo federal no tiene por delante, ni de lejos, los retos y el volumen de trabajo que sí tiene, por ejemplo, la Policía Federal.
Posiblemente a razón de ir preparando psicológicamente al futuro lector de la guía, el mismo documento nos va advirtiendo desde el inicio que hay tres formas de entender la información contenida en la misma guía: para qué se gasta, en qué se gasta, y quién gasta. En un mundo lógico, la guía tiene razón. En México no. Porque después de leer varias veces los rubros, no se entiende para qué, en qué y quién, en el Legislativo federal, gasta un tercio de lo que se gasta en la Policía Federal. Pero se concluye que esto no es culpa de los autores de la guía. En realidad debe tomar muchas hojas explicar lo anterior.
Es obvio que necesitamos policías y legisladores. Es obvio que ambas instituciones están bastante desprestigiadas, por lo que el gasto de ambas siempre será criticado. Y también es obvio que cada institución defenderá sus “pesos”, argumentando motivos más viejos que los hallados en el código de Hammurabi. Pero de nuevo, esa regla de 3 pesos para la policía por un peso para el Legislativo, simplemente no hace sentido. A esto me refiero con lo incomprensible de la situación.
Los nuevos legisladores han prometido que los gastos superfluos serán eliminados y los sueldos reducidos. En esto se concentra la promesa de la “austeridad republicana”. Algo por lo que votaron 30 millones de ciudadanos en la elección anterior. Y esto está muy bien, si acaso lo hacen cierto. Porque eso de gastar 400 millones en comidas, y aquello de pasarle las facturas de tintes, vestidos, juguetes y cafeteras al Senado ya tiene que terminar. Son cosas de tiempos político-geológicos ya muy lejanos. Me inclino a pensar que esos excesos ya no los volveremos a ver. Pasarán a ser piezas antiguas del museo de los prepotentes.
Pero también pienso que la austeridad prometida no será suficiente para convertir lo incomprensible en comprensible. La “Ley de Austeridad Republicana” que se viene discutiendo en el Congreso en estos días no resuelve la distribución anterior. Y es que inicia con la misma teoría de conjuntos de siempre: un país de legisladores ricos y policías pobres. Ni todos los problemas, ni el total de los problemas, son de sumar o restar. Lo que aquí tenemos es un problema de dividir bien. No es un problema sólo de austeridad en el gasto, sino de gasto equitativo. Y hablando de equidad, ojalá que los nuevos elegidos de la República piensen en los policías de la Federación, sólo por una vez y para variar.