Porros y narcos en la UNAM
La UNAM tiene lacras que no merece. Por su condición de institución pública y autónoma de Estado (la primera de todas las autonomías), la Universidad Nacional es vulnerable a las intromisiones oportunistas. La más reciente de ellas ha sido el artero y criminal ataque de una banda de delincuentes en contra de una manifestación pacífica de estudiantes en la explanada de Rectoría.
La comunidad universitaria ha reaccionado con firmeza, aunque no con la prontitud y eficacia que fuera deseable para atacar la parte que le corresponde de las causas de ese mal. La movilización de los estudiantes y su demanda de seguridad es por completo legítima. Las autoridades lo han reconocido. Sin embargo, han tolerado durante demasiado tiempo a los grupos porriles que merodean en diversos planteles universitarios, señaladamente en la Escuela Nacional Preparatoria, en los Colegios de Ciencias y Humanidades y en Ciudad Universitaria. La tolerancia se extiende a los ocupantes permanentes del Auditorio Justo Sierra y al narcomenudeo en el campus. Se sobreentiende que esta tolerancia se origina en la prudencia, para evitar conflictos mayores, pero esta idea, si la hay, ya no tiene justificación. Esta forma de tolerancia de acciones ilegales se gestó bajo la amenaza de violación a la autonomía universitaria por el poder político en condiciones de autoritarismo. Sabemos que dicho autoritarismo aún no desaparece en los tiempos democráticos. Anida en diversos pliegues del aparato del Estado. Sería ingenuo no reconocerlo. Sin embargo, las instituciones hoy cuentan con legitimidad democrática y pueden hacer valer la ley y los derechos que les corresponde tutelar que, en este caso y primero que nada, es la integridad de los estudiantes y otros miembros de la comunidad, el castigo a los culpables y la reparación del daño causado por los responsables, tanto a aquéllos como a la universidad como persona moral.
Y aquí aparece la responsabilidad de las autoridades de la Ciudad y de la Federación, que no atinan a cumplir con su deber. La PGJCM y la PGR abrieron investigaciones que hasta el momento no han dado resultados satisfactorios. Ambos ministerios públicos tienen escasa o nula credibilidad en sus actuaciones y en la universidad la tienen aún más deteriorada. Porros y narcos operan en las inmediaciones de los planteles universitarios. Entran y salen de ellos con toda impunidad. ¿Acaso la policía no sabe quiénes son, cuáles son sus redes externas, qué autoridades les brindan protección, quiénes los usan para propósitos políticos o lucrativos?
La comunidad universitaria está unida en torno a la demanda, no está en lucha consigo misma ni en pie de guerra contra sus autoridades. Hay diálogo y acciones concertadas. No debemos perder esta oportunidad, muy escasa, por cierto. Si el propósito del ataque porril era fomentar el encono y desestabilizar a la UNAM o provocar un conflicto de ingobernabilidad en el cambio de gobiernos, hasta ahora no lo han logrado y hay que frustrarlo definitivamente. Se beneficiarían la UNAM y los gobiernos federal y de la Ciudad que asumirán en diciembre.
No hay pretexto para no actuar. Ni por parte de la PGR ni de la PGJCM. Tampoco de las policías de la delegación y federal. Los porros y los narcos se proveen y se organizan fuera y dentro de los recintos de la UNAM. Afuera les toca a las autoridades de gobierno, adentro a las universitarias. Pero hay un pero. Adentro también le toca a las autoridades universitarias, incluyendo por supuesto al Consejo Universitario, decidir si la policía puede tener acciones de vigilancia dentro de la Universidad, tema que ha sido tabú en la medida en que la policía simboliza a las “fuerzas represivas del Estado”. Pues, ¿qué no tenemos un Estado democrático, un Estado que se supone que ya no es autoritario, que será gobernado por un conglomerado que se dice de “izquierda” y que fue electo democráticamente? El cuestionamiento de la extraterritorialidad que de facto impusimos los universitarios con la autonomía frente al Leviatán se hará cotidiano, pues ya no habría razones que la justifiquen y sí muchas en contra, como las violaciones, secuestros y delitos diversos que han crecido gracias a la ineficacia de la vigilancia universitaria.