Ricardo Raphael De chivos, circos y corrupción
En septiembre de 2017, periodistas respetables de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelaron que, entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada entonces por Rosario Robles Berlanga, habría desviado fondos del erario público por aproximadamente 2 mil 200 millones de pesos, a través de universidades públicas y empresas fantasma.
La Estafa Maestra es una pieza de periodismo de investigación que ganó reconocimiento internacional.
El jueves 22 de febrero de 2018 el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió que se investigara a Rosario Robles por ese supuesto desvío de fondos.
El miércoles 4 de julio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició procedimiento ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de 72 personas y empresas, entre ellas 63 funcionarios de la Sedesol, por la firma de contratos irregulares y un presunto desvío de fondos públicos.
El miércoles 12 de septiembre Román Meyer, futuro secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, dijo que revisaría las denuncias contra la actual titular de la Sedatu, Rosario Robles, “para que las instancias correspondientes determinen responsabilidad.”
El sábado 15 de septiembre, Día de la Independencia, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador corrigió la plana a todos los actores anteriores, incluido él mismo, cuando declaró que Rosario Robles era un chivo expiatorio y las acusaciones en su contra eran un circo.
Luego añadió: “Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente … de que se agarraba a uno, dos, tres o cuatro … como chivos expiatorios y luego seguían con la misma corrupción.”
A pregunta expresa precisó que si había “investigaciones abiertas se van a continuar, pero eso no corresponde al Ejecutivo, eso va a depender del Poder Judicial.”
Lleva razón López Obrador cuando recuerda la época en que los presidentes de México, apenas abrían su administración, encerraban tras las rejas a dos o tres personajes emblemáticos, como ritual sexenal de escarmiento, que luego enmascaraba la sobrevivencia de la corrupción.
Confirman el argumento casos como el de Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo, en la época de Miguel de la Madrid, el de Joaquín Hernández Galicia, con Carlos Salinas de Gortari, o el de Elba Esther Gordillo Morales, con Enrique Peña Nieto.
Ha sido tradición que los presidentes mexicanos utilicen a las instituciones responsables de la procuración y la administración de justicia como escenografía para mostrar su poder, torciendo en ocasiones la ley y los procesos, con tal de aplicar un castigo ejemplar.
Sin embargo, tan inconveniente resulta que desde el Ejecutivo se opere para demostrar la culpabilidad de alguien, como que por hacer lo contrario se exonere calificando, antes de juicio, de chivo expiatorio a quien podría haber actuado equivocadamente, o que se acuse de circo al esfuerzo serio y riguroso de investigación que diversas instituciones y organizaciones han emprendido a propósito de los desvíos millonarios presumiblemente realizados por la Sedesol y la Sedatu.
Lo que se esperaría del futuro presidente es que no interviniera de ningún modo con respecto a las denuncias y las investigaciones, sin importar que al final una funcionaria importante pise o no la cárcel.
Es impreciso cuando López Obrador dice que las investigaciones referidas no son responsabilidad del Ejecutivo, porque será el futuro presidente quien nombre al próximo Procurador General de la República y por tanto la independencia de este funcionario será poca a la hora de juzgar si tal o cual imputado es un chivo expiatorio o si el proceso en su contra podría ser un circo.
ZOOM: En un país como México todavía la voz del presidente puede encarcelar y excarcelar sin argumentos. Por eso lo deseable es que el Ejecutivo se mantenga callado a propósito de las investigaciones sobre corrupción que están en curso. De lo contrario, poco cambiarán las cosas y la justicia seguirá siendo el escenario privilegiado de la política, cuando lo deseable sería que sucediera lo contario.