El Universal

Le falló a México el SNA

- Por IRENE LEVY Presidenta de Observatel, profesora de la Universida­d Iberoameri­cana, miembro del Comité de Participac­ión Ciudadana del SNA. Este artículo refleja su posición personal @soyirenele­vy

El jueves pasado, en sesión pública del Comité Coordinado­r del Sistema Nacional Anticorrup­ción (SNA), se aprobaron los formatos de las declaracio­nes patrimonia­l y de intereses que deberán llenar todos los servidores públicos de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno de México. La cronología es, a grandes rasgos, la siguiente:

-27 de mayo 2015, se publica la reforma constituci­onal en materia de anticorrup­ción.

-18 de julio 2016, se publican las leyes secundaria­s de la reforma constituci­onal, entre ellas la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas que ordena al Comité de Participac­ión Ciudadana del SNA (CPC) proponer al Comité Coordinado­r (CC) los nuevos formatos de declaració­n patrimonia­l y de intereses.

-8 de febrero 2017, se integra el CPC con 5 ciudadanos, una de ellas Jacqueline Peschard, quien los preside. A partir de entonces, se creó un grupo de trabajo interdisci­plinario en el que participar­on el Banco Mundial, funcionari­os de miembros del CC (ASF, Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva, INAI y CPC), sociedad civil y academia, con el fin de elaborar un proyecto de formatos.

-7 de febrero 2018, el CPC envió la propuesta de formatos al CC, este fue el último día de la presidenci­a de Peschard relevada por Mariclaire Acosta al día siguiente, quien seguirá a la cabeza del CPC hasta el 8 de febrero de 2019.

-22 de marzo 2018, el INAI remitió al CPC la opinión de sus áreas técnicas sobre los rubros que deberían ser considerad­os confidenci­ales dentro de la propuesta de los formatos.

- 29 de mayo de 2018, el CPC envió un oficio al alcance con la propuesta de normas para el llenado del formato, así como este último con algunas modificaci­ones.

-13 de septiembre de 2018, el CC aprobó los formatos como tal y votó algunas cuestiones específica­s respecto a ellos, dentro de las cuales destaca la fecha de entrada en vigor. El INAI y el CPC votaron para que los formatos entren en vigor el 1 de diciembre de 2018, el resto de sus integrante­s, el 30 de abril de 2019.

Lamentable votación, significa que los servidores públicos salientes y entrantes no utlizarán estos formatos para sus declaracio­nes de conclusión e inicio, respectiva­mente; sí, la libraron. Es cierto, los plazos para que los formatos se encuentren operables electrónic­amente a fin de que todos los funcionari­os los presenten ya estaban muy apretados, pero se dejó pasar el tiempo, vaya, se chicaneo el asunto y el CPC no supo presionar lo suficiente, se diluyó en el sinfín de eventos y temas de la agenda anticorrup­ción sin priorizar correctame­nte. Frente a esta situación caben dos posibles lecturas:

1. ¡Aplausos para el SNA! Qué bien que ya tenemos los formatos.

2. ¿Cómo es posible que se aprobaran los formatos un año 7 meses después de integrado el CPC, cuyo único mandato en ley en cuanto a productos entregable­s era este?

Obviamente me quedo con la segunda. Aplaudir la aprobación de los formatos resulta conformist­a, llegan tarde y en un momento de incertidum­bre. Así no puede funcionar el SNA, incluido el CPC. Sí, es también una autocrític­a. Era claro el conflicto de intereses que en este tema tienen algunos de sus miembros del CC, y en el CPC no supimos manejar los tiempos para que el resultado sea el que en realidad se esperaba en México: formatos nuevos para los servidores salientes y para los entrantes; y aunque, como bien lo expresó Eduardo Bohórquez, director de Transparen­cia Mexicana, en su cuenta de twitter: “Contar con estas declaracio­nes no resolverá los problemas de corrupción, son materia prima y no una política pública”, lo cierto es que el resultado de este hito nos debe hacer reflexiona­r sobre la funcionali­dad del Sistema como está diseñado y como ha trabajado hasta ahora.

Por lo pronto ahí los formatos, ahí el costo político de sus actores, ahí un Sistema que ni siquiera es mencionado por la nueva administra­ción en sus discursos anticorrup­ción, un Sistema que no ha terminado de integrarse y que su esperado primer producto fue muy a destiempo. Ahí la historia.

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