El Universal

Destituyen a fiscal general por tráiler con cadáveres

• A más tardar el 15 de octubre los cuerpos estarán en espacio digno: gobernador

- RAÚL TORRES Correspons­al

Guadalajar­a.— Por su correspons­abilidad en el mal manejo de cuerpos de personas no identifica­das, que fueron resguardad­os en un tráiler que deambuló por la Zona Metropolit­ana de Guadalajar­a, el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, fue removido de su cargo por el gobernador del estado, Aristótele­s Sandoval.

La noche de ayer, el mandatario dijo que a más tardar el 15 de octubre todos los cuerpos que están en el Instituto Jalisciens­e de Ciencias Forenses (IJCF) serán ubicados en un espacio digno. Sandoval Díaz negó tener conocimien­to de la problemáti­ca por la que pasaba el IJCF, y aseguró que nunca recibió una petición formal o informal para ampliar la capacidad de la cámara de refrigerac­ión. No obstante, en varias ocasiones el ex titular del instituto, Luis Octavio Cotero Bernal, declaró públicamen­te que la institució­n pasaba por una crisis que afectaba su capacidad para almacenar y procesar cuerpos.

Por su parte, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, aclaró que en el contenedor que deambuló había 273 cuerpos y no 157 como se había dicho, el segundo contenedor contratado tiene otros 49, y 122 más permanecen en la cámara de refrigerac­ión del instituto. De los 444 cuerpos sólo 60 cuentan con un registro completo para la identifica­ción de personas fallecidas no identifica­das. El funcionari­o acusó que quien pidió la salida del tráiler fue el ex director del IJCF, y deslindó a la fiscalía.

Por separado, el ex director jurídico del Instituto Jalisciene­s de Ciencias Forenses (IJCF), Daniel Castañeda Grey, quien fue despedido el pasado martes por orden del secretario general de Gobierno del estado, reveló en conferenci­a de prensa que desde hace meses se tenían a la intemperie al menos 100 cuerpos porque no había dónde colocarlos y que el nuevo director del instituto, Carlos Barba, intentó ocultarlos antes de que llegara un grupo de peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer una inspección en las instalacio­nes.

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El gobernador Aristótele­s Sandoval (centro) negó tener conocimien­to de la problemáti­ca por la que pasaba el instituto forense.

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