Más Ficreas en puerta
De hecho, la posibilidad de casos similares como el que llevó a la ruina a cientos de ahorradores deslumbrados por el espejismo de un rendimiento superior al de los bancos está latente.
Lo cierto es que el de Ficrea no es el único caso que ha convocado al escándalo. Ahí está el de Planfia, una sociedad financiera popular especializada en financiar la compra de automóviles, cuyos accionistas colocaron en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores certificados bursátiles por 600 millones de pesos… sin ofrecer garantía alguna. Un caso similar, aunque por fortuna sin damnificados, fue el de Alta, donde, al igual que en Ficrea, se triangularon los recursos de los ahorradores hacia entidades relacionadas.
En la tablita estarían también otras como las llamadas Perseverancia del Valle de Tehuacán o la bautizada como Coincidir.
Aunque a la vera del escándalo que colocaba en la protesta callejera a personas en silla de ruedas o ancianos que habían puesto en la intermediaria la esperanza de multiplicar los ahorros de su vida para aterrizar su retiro, la Secretaría de Hacienda planteó una iniciativa de ley para evitar más goles, la cual fue congelada en el Senado. Aprobada por la Cámara de Diputados, la llamada Ley Ficrea la detuvo la instancia revisora tras un feroz cabildeo de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares.
De acuerdo con el marco jurídico en que se desenvuelven éstas, en caso de quebranto entra en acción un seguro de depósito de 150 mil pesos, equivalentes a 25 mil unidades de inversión (Udis), que bajo la propuesta de ley se planteaba elevar a 250 mil, pero limitando a una cantidad cercana la posibilidad de depósitos de la clientela.
En el marco de la ira popular, huido el responsable de Ficrea a Estados Unidos, donde acumuló propiedades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le revocó la licencia para operar a tres firmas del ramo: la Federación Mexicana de Desarrollo, Sofigro y Opermex, por saltarse las trancas.
Sin embargo, la lección no fue asimilada, dado que hoy enfrentan problemas similares las bautizadas como Porvenir, Proyecto Coincidir, Perseverancia, Logo Reforma y Sierra Gorda.
Presentada ante un juez la denuncia de corresponsabilidad contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una de las pruebas exhibidas era un documento expedido por ésta en el que alertaba del desvío de recursos de los ahorradores hacia empresas del mismo dueño, con la novedad de que no hubo seguimiento.
La ley le otorga facultades a la autoridad supervisora para imponer multas, suspender actividades y, en caso extremo, tomar la administración.
De hecho, ante la queja de la clientela de que la sofipo denominada Proyecto Coincidir se negaba a devolverles sus recursos a los ahorradores, la instancia le impuso una multa de 198 mil 672 pesos.
La intermediaria se encontró con un embudo al acumularse créditos en mora, lo que provocó su descapitalización. Sin embargo, es evidente que hay una falla cuando no se obliga a instancias que realizan la doble tarea a tener un mínimo de capital de respaldo.
¿Nos esperamos a otro Ficrea para hacer algo?
Balance general. Mientras en el Senado se toman con calma la posibilidad de crear una comisión especial para investigar los desvíos vía universidades y empresas fantasma detectados por la Auditoría Superior de la Federación en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano durante la gestión de Rosario Robles, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya presentó una demanda.
Ésta llegó a la ventanilla de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
La querella apunta a quien resulta responsable de la presunción de delitos en el marco de la llamada Estafa maestra.
Ésta se planteó con la firma, entre otros, del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos; el ex presidente de la Fundación Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas; el presidente del organismo promotor, Claudio X. González Guajardo, y María Lucila Isabel Servitje Montull, hermana del presidente de Grupo Bimbo, Daniel Servitje Montull.
¿Información privilegiada? La revisión que realiza la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre los contratos para exploración y explotación de petróleo otorgados a un consorcio integrado por las firmas estadounidense Talos Energy, británica Premier Oil y mexicana Sierra Oil & Gas, apunta a una posible filtración de información privilegiada.
Aunque jurídicamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores libró la posibilidad de ser declarada corresponsable del fraude cometido por la financiera popular Ficrea, ante la acusación de irregularidades en la supervisión, ésta no ha mejorado sustancialmente de cara a las 43 instancias similares con licencia para operar.
Como usted sabe, al poco tiempo de recibir los contratos las compañías ubicaron lo que se calificó como un enorme yacimiento en aguas someras del Golfo de México.
Estamos hablando del bloque Zama 1, ubicado en las costas de Tabasco, muy cerca del puerto de Dos Bocas, donde se construiría una nueva refinería.
La estimación habla de un potencial de entre mil 200 y mil 800 millones de barriles del combustible.
Cuentas de Holcim. Creado al impacto del sismo del año pasado un fondo denominado “Todos juntos por México”, la Fundación Holcim México recaudó 19.6 millones de pesos vía la empresa cementera y sus funcionarios y colaboradores, sin participación de terceros.
De éstos se han destinado ya 11 millones, 52% del total, en obras como la construcción de 120 viviendas en las zonas siniestradas de Puebla, en alianza con Hábitat para la Humanidad, participando 90 voluntarios de la empresa en las tareas.
El gasto fue de 6 millones de pesos. En paralelo, se reconstruyó el mercado Ignacio Zaragoza de Salina Cruz, Oaxaca, en colaboración con la Fundación GIA, Fideicomiso Fuerza México y otras instituciones. La erogación fue de 5 millones de pesos.
Un 12% de lo recaudado está comprometido en proyectos de reconstrucción en alianza con la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Cuentas de Azteca. En el caso de la Fundación Azteca del Grupo Salinas, la ayuda recaudada se volcó en la construcción de 525 viviendas y una escuela, en un marco en el que prevaleció la autoconstrucción.
Las comunidades beneficiadas fueron Tlaquiltenango, Morelos, con 72 casas; Huamúchil San Dionisio del Mar, Oaxaca, con 153; San Martín Malinalco, México, 48; Tenancingo y Malinalco, México, 20; San Simoncito, Tenancingo, México, 20; Ocuilan, México, 22; Tochimilco, Puebla, 20, y Villa Guerrero, México, 26.
La escuela se construyó en San Dionisio del Mar, Oaxaca.