Christian Skoog
En septiembre de 2017, a unas cuantas horas del sismo que afectó con fuerza a Chiapas y Oaxaca, tres equipos de evaluación rápida de UNICEF se dirigieron a esas entidades con la finalidad de conocer directamente la situación de la niñez en la emergencia.
Nuestro trabajo se intensificó tras el sismo del 19 de septiembre, cuando movilizamos personal especializado para evaluar la situación de la infancia en las zonas más afectadas de la Ciudad de México, Puebla y Morelos, mientras continuábamos apoyando a Oaxaca y Chiapas.
Los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables en casos de desastres ocasionados por fenómenos naturales desde múltiples dimensiones: pueden ver afectada su salud física e incluso morir al resultar heridos, sufrir malnutrición o enfermedades causadas por la interrupción del suministro de alimentos o la ingesta de agua contaminada o tener un acceso reducido a la atención médica.
También pueden presentar reacciones psicológicas dolorosas y angustiantes, no sólo como causa inmediata del desastre, sino por sus secuelas, como los efectos del estrés en la familia, el duelo de pérdidas catastróficas, los daños a los hogares y posesiones, el desplazamiento forzado y el colapso de las redes de apoyo.
Y a más largo plazo, los desastres naturales pueden ser motivo de deserción escolar, pues los niños llegan a interrumpir su educación para incorporarse al mercado laboral y ayudar a sus familias en la recuperación del sustento económico.
Por lo tanto, hacer un rápido diagnóstico de la situación de los niños, niñas y adolescentes después de una emergencia es fundamental para lograr que sus necesidades sean atendidas de manera rápida y adecuada y para garantizar su derecho a ser protegidos.
A un año de los dos fuertes sismos que afectaron con mayor severidad a cinco estados del centro y sur de México, encontramos que, a pesar de los grandes esfuerzos por parte de todos los actores en la respuesta, aún prevalecen desafíos para hacer posible que los derechos de la niñez sean garantizados cuando se presenta una emergencia.
Detectamos cuellos de botella para el acceso o concreción de ciertas acciones, principalmente para la reconstrucción de viviendas y escuelas; pero el desafío de más fondo es la falta de sistemas de información adecuados y confiables que permitan diseñar y coordinar medidas que respondan de manera específica a las necesidades de las familias afectadas y, de manera particular, a las necesidades de la población infantil y adolescente.
Si bien el gobierno mexicano ha desarrollado herramientas de alerta temprana, mecanismos para monitorear y sistematizar datos sobre desastres y amenazas y estrategias para garantizar una respuesta temprana ante las emergencias, hoy no se cuenta con un sistema de información integral que capture afectaciones en vidas humanas e infraestructura, y que registre las afectaciones en el bienestar de las personas, sobre todo en hogares con niños y niñas afectados por desastres naturales, y sobre la situación de los mismos en los meses después de las emergencias.
Por consecuencia, vemos el fortalecimiento de los sistemas de información como una oportunidad importante para asegurar una respuesta aún más fuerte y rápida en futuras emergencias.
Otro de los grandes desafíos para el Estado mexicano es mejorar la coordinación entre las instituciones públicas, privadas y sociales que ofrecen apoyo en casos de emergencias, con el fin de que se aproveche de mejor manera la ayuda en beneficio de la población afectada y especialmente de la niñez (antes durante y después de la emergencia).
México ha avanzado mucho entre 1985 y 2017 en términos de preparación y respuesta ante los terremotos, como fue evidente el año pasado: menor número de muertos y lesionados y menor daño a ciertos tipos de infraestructura.
Ahora tenemos ante nosotros la oportunidad de dar otro paso adelante y trabajar para que la próxima vez que el país viva una situación de emergencia, la afectación sea mínima y la recuperación mucho más rápida, particularmente en lo que concierne a la infancia.