NICARAGUA, RUMBO PERDIDO
A 5 meses del inicio de las protestas para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega, la nación parece precipitarse a una crisis profunda, ante la falta de diálogo
“La primera etapa es que el gobierno entre en razón y encuentre que la solución al problema de violencia, derechos humanos y economía pasa por un arreglo político con diálogo” JUAN SEBASTIÁN CHAMORRO Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de oposición
“[El gobierno de Ortega] ha hecho bastantes obras y los opositores quieren desarmar todo en pocos meses. Los muertos son por culpa de los opositores” FRANKLIN TAPIA Empleado de la alcaldía de Managua
Managua.— El borde de un abismo político aguarda a Nicaragua en el último trimestre de 2018.
Al cumplirse hoy 159 días del estallido de la más grave crisis nicaragüense del siglo XXI, el horizonte pinta un futuro difuso para Nicaragua con una coincidencia con el pasado: La Habana apoya al oficialismo y Washington a la oposición.
“El gobierno es indiferente a los llamados al diálogo”, señaló Juan Sebastián Chamorro, uno de los líderes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a opositores.
“La primera etapa es que el gobierno entre en razón y encuentre que la solución al problema de violencia, derechos humanos y economía pasa por un arreglo político con diálogo. De lo contrario, a Nicaragua se la avecina un escenario de mayor deterioro, con una continuidad del problema”, advirtió en declaraciones a EL UNIVERSAL.
Convencidos de que la historia de su país cambió el 18 de abril pasado, con el primer brote de protestas pacíficas cívicas callejeras en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por decretar una reforma a la ley de pensiones, oficialistas y opositores quedaron acorralados en la polarización y sin expectativas reales de ni siquiera apaciguar la hoguera en los últimos días de 2018.
Lograda la meta de la arremetida inicial —derogar la reforma—, el movimiento cívico espontáneo fue por un objetivo mayor: la renuncia de la dupla en el gobierno para avanzar por lo que ellos llaman una democracia con justicia, sin represión ni presos políticos y con separación de poderes para el progreso socioeconómico con respeto al multipartidismo, la propiedad privada y las libertades cívicas, como vía para acabar con la “dictadura dinástica” que gobierna desde 2007.
Clausurada por la pareja presidencial la esperanza de reabrir el diálogo entre el movimiento cívico y el aparato de mando de la familia Ortega Murillo —que ostenta el control total de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como de la Policía Nacional y sus escuadrones paramilitares—, sólo dos vías emergen en el panorama.
Por un lado, permanecerá la movilización callejera de los opositores, acusados por el gobierno de golpistas, terroristas, delincuentes y vándalos, y con el riesgo cotidiano de ser víctimas del constante e intenso asedio de la seguridad estatal (policías, paramilitares y “voluntarios”).
Por el otro, persistirá la presión de la comunidad internacional a Ortega y Murillo desde las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA), pero que podría ser reforzada con represalias económicas colaterales de los principales donantes financieros de Nicaragua, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para sancionar al gobierno nicaragüense y a sus elementos, como los familiares del matrimonio Ortega Murillo.
Situación estancada
Ortega cerró la vía del diálogo nacional que se realizó en mayo y junio con mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y dijo que esa ruta se deterioró por la actitud contaminada de obispos que se aliaron al bloque cívico de estudiantes universitarios, campesinos, obreros, sindicalistas, empresarios y ciudadanos.
El presidente rechazó anticipar los comicios de 2021 a 2019, acusó a la oposición de ser manipulada por EU para propiciar un golpe de Estado, negó haber recurrido a la represión en casi cinco meses de protestas y repudió los informes que misiones de derechos humanos de la ONU y la OEA emitieron.
La misión de la ONU en Nicaragua culpó al gobierno de la represión. En un informe el 29 de agosto pasado, que precipitó su expulsión del país el 1 de septiembre, atribuyó al gobierno un abanico de excesos: uso desproporcionado de la fuerza policial, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, y criminalización de opositores.
El gobierno reconoce sólo 198 muertos, pero la OEA y organizaciones no estatales nicaragüenses de derechos humanos adujeron que la cifra real oscila entre 322 y 480 y en ascenso.
Con una economía en retroceso, bloqueado el diálogo y con incesante violencia política, Nicaragua avanza en el cierre de 2018 hacia la orilla de un barranco.
¿Caerá ahí en 2019?