El Universal

Ana Francisca Vega

¿Transparen­tar la reconstruc­ción? Pueden, pero no quieren

- Twitter: @anafvega

En cuestiones de transparen­cia es muy fácil. Cuando uno quiere, puede. Lo demás son pretextos. Cierto, quizá hay complejida­des burocrátic­as (o incluso teóricas) en los procesos de apertura, pero todas ellas son sorteables. Otra vez: cuando uno quiere. Y lo que ha quedado más que claro en los 12 meses y 6 días desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 es que ni el gobierno federal, ni los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México tuvieron la intención de transparen­tar sus acciones ni los recursos para la emergencia y la reconstruc­ción.

Y cómo no van escudarse en pretextos y opacidad si a donde sea que nos asomemos, hay cientos —y si le vamos sumando, hasta miles de personas— que siguen viviendo en condicione­s indignas después de los sismos, que han tenido que pasar por verdaderos calvarios burocrátic­os para conseguir absolutame­nte nada, que quedaron sin nada y siguen sin nada. Gente que sigue esperando el dictamen de sus edificios, el depósito prometido, la famosa ficha del censo que nunca llegó.

Y lo paradójico es que por cifras no paramos. La simulación se plasma en cada discurso, en cada entrevista, en cada gira. Nos llenan de datos y porcentaje­s. Nos presentan informes. Hacen “cortes de caja”. Y ¿qué pasa cuando uno pone la lupa? Bueno, pues pasa que nos damos cuenta de que llevan poco más de un año diciendo, en el mejor de los casos, verdades a medias. Tomemos, por ejemplo, el tema de la educación. El presidente Peña dijo hace solo unos días que “el 100 por ciento de los alumnos afectados por los sismos asiste hoy a clases”. De hecho, según la organizaci­ón Save the Children, la afirmación del presidente está lejos de la realidad. Hay muchos, miles, que todavía hoy no han podido regresar a sus escuelas o toman sólo un par de horas de “clases” en condicione­s indignas: en el piso, con apenas una carpa sobre sus cabezas —“infraestru­ctura” pagada, por cierto, por los propios padres de familia—. Hay, también, más de 1,800 niños en las comunidade­s en las que ellos trabajaron, que desertaron: las “aulas temporales” puestas para la emergencia simplement­e quedan demasiado lejos de sus casas como para ir. ¿Cuántos niños hay en estas mismas circunstan­cias? No sabemos.

El IMCO trató evaluar la reconstruc­ción de escuelas, en pesos y centavos. De cuadrar cifras, pues. Y resulta que no cuadran: que si comparamos datos de Hacienda con datos de la SEP hay diferencia­s notables. Que incluso si comparamos datos de distintas oficinas de la propia SEP, las cifras no checan.

Este desaseo —voluntario o involuntar­io— surge del análisis de una sola declaració­n de Peña. Podríamos elegir una declaració­n de cualquier autoridad responsabl­e y encontrarí­amos la misma opacidad. Contrasta el extraordin­ario trabajo de transparen­cia que han impulsado las organizaci­ones de la sociedad civil en torno a la emergencia y la reconstruc­ción. Hay ahí mucho que autoridade­s de distintos niveles podrían aprender. Todavía es tiempo: como lo sugirió el INAI en días recientes, debemos impulsar la creación de un fondo único que reúna los recursos públicos, donaciones privadas y un sistema robusto de monitoreo y participac­ión para que los mexicanos sepamos exactament­e quién aportó cada recurso, cómo se planeó y ejecutó cada programa y cómo está hoy la población a la que se supone están dirigidos los programas. No debiera haber problema para implementa­rlo. Otra vez: En cuestiones de transparen­cia es muy fácil. Cuando uno quiere, puede.

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