Roberto Rock L.
AMLO y la apuesta por la Fiscalía
No es que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo más cercano no tuvieran un cálculo sobre la complejidad política y técnica que supondría rescatar el esquema de procuración de justicia en el país. Pero les costó algunas semanas concluir que el sistema todo se halla podrido. Hasta la médula.
Desde antes de los comicios, el político tabasqueño contó con amplios diagnósticos sobre el deliberado desmantelamiento al que fue sujeta la Procuraduría General de la República (PGR) muy abiertamente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Pero los restos del deterioro se podrían rastrear al menos hasta la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), acaso en consonancia con la consolidación de las principales bandas del narcotráfico en el país.
López Obrador y su primer círculo de colaboradores en temas jurídicos y de seguridad (Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer) no dejaron de sorprenderse ante evidencias de corrupción a todos los niveles, dentro y fuera de la PGR. Ello incluye el manoseo de investigaciones para extorsionar, con documentos oficiales en la mano, a todo tipo de personajes, desde lavadores de capitales hasta empresarios adictos a cubrir sobornos para no pagar impuestos. Y desde luego, delegados de la Procuraduría en todo el país cómplices de las mafias.
Una alerta roja en este escenario, quizá una de las que más inquietan al futuro gobierno, son diversas sentencias de la Suprema Corte que, sin carácter de jurisprudencia, parecen orientadas a limitar la función del Ministerio Público en el rastreo del blanqueado de dinero, lo que exige indagar en el secreto bancario en casos sensibles. La presunción es que algunas de estas resoluciones fueron alentadas desde altas oficinas en la actual administración para favorecer muy rentables negocios.
Hoy está programado que se dé el primer paso de una estrategia integral. Llegará al Senado la iniciativa de ley reglamentaria de la nueva Fiscalía General de la República, pendiente desde la reforma constitucional de 2014. Ello abrirá como le explicaba este domingo en este mismo espacio, un proceso que correrá sobre dos monturas: el gobierno que se va y la legislatura en el Congreso que ya entró, donde Morena, el partido de López Obrador, cuenta con una mayoría abrumadora.
Hace apenas algunas semanas, de forma inopinada, Santiago Nieto fue convocado a la casa de transición de López Obrador. Al ex fiscal federal electoral se le pidió delegar las tareas que desarrollaba sobre comicios locales impugnados, entre los que destacaba el caso Puebla. A partir de ese momento debía consagrarse a trabajar con organismos de la sociedad civil en la iniciativa sobre la Fiscalía.
Lo que pocos conocen es que otro equipo de especialistas, coordinados con Julio Scherer —quien será el consejero jurídico de la Presidencia—, labora ya en otra propuesta clave. Se trata de un proyecto de ley de extinción de dominio, para castigar patrimonialmente a aquellos que incurran en delitos ligados con el lavado de activos.
Lo que vendrá en las próximas semanas a partir de hoy será un debate sobre la Fiscalía General, seguramente con mayor énfasis en su futuro titular, el cual será seleccionado en el Senado entre una terna que enviará en algún momento de noviembre el actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Se espera que se inscriban al menos una decena de aspirantes, muchos de ellos ligados con agrupaciones políticas. Habrá que esperar que PAN y PRI, especialmente, busquen abrirle paso a sus candidatos con el argumento de que otros resulten cercanos a las confianzas de López Obrador. Y ello es posible, pues se prevé que Morena presente al menos tres propuestas.
Si bien será difícil resistir la tentación de distraer el foco sobre el futuro fiscal, resultará relevante estudiar en la esfera pública la iniciativa para encontrar en ella elementos que pueden resultar mucho más trascendentes.
Entre otros, debe prestarse atención al establecimiento de unidades interdisciplinarias en la nueva Fiscalía, que podrán recibir todo tipo de casos, lo que evitará la vigencia de compartimentos estancos como ocurre ahora con la subprocuraduría que ve temas de crimen organizado, o la que supervisa a los delegados del país. Una de esas unidades podrá ser enviada en cualquier momento, por ejemplo, a una región de la República y procesar el asunto respectivo en forma independiente.
No se nos debe escapar la certeza de que en toda esta historia es poco lo que vemos y menos aún lo que sabemos. Bien hará la sociedad en su conjunto si exige la mayor de las transparencias por parte del Ejecutivo pero también del Legislativo. Lo mismo deberían hacer las agrupaciones ciudadanas y las casas académicas que intervinieron en la confección de la iniciativa. Es mucho, en verdad mucho lo que estará en juego en este tema para la salud del país.