Puebla y Coyoacán
Detrás de los resultados del pasado 1º de julio, que generaron un ánimo festivo en la mayoría de los ciudadanos, también hay pedazos de basura pestilentes que muestran los excesos a los que llegó el actual régimen político, que vive sus últimos días. Los comicios en el estado de Puebla y en la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, son ejemplos de esos malos olores.
La semana pasada estos dos casos tuvieron una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): en Puebla la sala superior ordenó el recuento total de los votos, debido a serias irregularidades en el cómputo, la documentación y el llenado de las actas. Son 7,174 paquetes electorales y el procedimiento se inició ayer lunes; su resultado “no prejuzgará sobre el estudio que debe realizarse sobre la validez o nulidad de la elección”, dice la autoridad jurisdiccional. El caso está todavía lejos de solucionarse. Por otra parte, la elección de la alcaldía de Coyoacán fue anulada por la sala regional del TEPJF. Se espera que se realicen nuevos comicios. En esta alcaldía se cometieron dos delitos graves, uno fue el uso de recursos públicos a través de programas sociales que los mismos funcionarios -de la todavía delegación- instrumentaron, a pesar de que la autoridad electoral les había prohibido esta acción. Y el otro delito fue la violencia política de género en contra de la candidata de la coalición de Morera-PT-PES, María Rojo.
A pesar de los márgenes de la victoria morenista no se puede dejar de lado que las elecciones son procesos complicados porque los mismos actores políticos juegan a estirar la liga hasta romperla. Muchas veces cruzan las fronteras legales, porque al final de cuentas les resulta mejor pagar las multas por hacer todo lo que se necesite para no perder los comicios. Esta cultura política está muy arraigada en todos los partidos. Durante años el partido Verde ha sido un caso emblemático de esta conducta delictiva, romper las reglas y pagar las multas. Los verdes, que ahora se han aliado con Morena en un arreglo que desprestigia muchísimo al nuevo partido dominante, sabían que la autoridad, el INE, no les quitaría el registro a pesar de que más de 150 mil ciudadanos lo demandamos. Hay una lógica falsa en la autoridad electoral: sólo se pierde el registro si no se alcanza el 3%, como ahora le sucedió al PES y a Nueva Alianza.
En la elección poblana se reportó violencia y uso de recursos públicos; sólo hay que considerar que este caso, junto con Veracruz y Morelos, fueron comicios familiares. Los gobernadores de Veracruz y Morelos tuvieron la pretensión de dejar a sus hijos, lo cual afortunadamente resultó fallido porque perdieron, pero en Puebla Moreno Valle dejó a su esposa, que fue declarada vencedora, sin embargo, se le atravesó el TEPJF y esa victoria se ha vuelto incierta. En Coyoacán un grupo de perredistas ha controlado esa delegación mediante las peores mañas del sistema político, con la compra y coacción del voto y con acciones violentas en contra de sus adversarios. La violencia política de género se canalizó en contra de María Rojo, que sufrió todo tipo de acoso e insultos. La mala fama del PRD de Coyoacán y sus prácticas clientelares y violentas son legendarias; así opera el cacicazgo de Mauricio Toledo. En los comicios pasado se ofrecían hasta 2 mil 500 pesos por sufragio.
Es importante destacar que la actuación de las autoridades locales, como el tribunal estatal de Puebla, está lejos de ser un órgano garante de la legalidad. Parece que el TEPJF ha modificado el lamentable comportamiento que ha tenido durante años. Puede haber muchas razones jurídicas para anular una elección o para pedir un recuento completo, pero no se puede dejar de lado el contexto y el balance de las fuerzas políticas después del 1° de julio. Nunca sabremos con certeza qué tanto influye lo político en lo jurídico, pero siempre es un factor presente.
AMLO anunció que convertiría a los delitos electorales en delitos graves. Si realmente se quiere terminar con las prácticas clientelares de compra de voto y uso de recursos públicos para administrar la pobreza, no pueden quedar impunes Puebla y Coyoacán. Veremos cómo terminan estos dos casos…