Salvador García Soto Cuatro años después: ¿dónde están los 43?

Símbolo y ejemplo del fracaso absoluto de la procuración de justicia en este sexenio y del agotamiento de la Procuraduría General como institución responsable de hacer valer el Estado de Derecho en la República, el llamado Caso Ayotzinapa cumple hoy cuatro años de investigaciones incompletas, irregulares y fallidas que, a pesar del esfuerzo gubernamental y de enormes recursos públicos invertidos para construir una “verdad histórica” hoy totalmente desacreditada y cuestionada, no han servido para responder con total certeza y contundencia a preguntas básicas de un crimen que dejará sin resolver el gobierno de Enrique Peña Nieto:

¿Quién y por qué realmente mataron con tanta saña a los 43 normalistas, cuál fue el destino final de la mayoría de los cuerpos de los estudiantes, por qué de 130 detenidos ninguno dio la ubicación exacta de los restos y sí en cambio varios denuncian torturas, cuál fue el contenido real de las declaraciones del alcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Angeles Pineda y de Felipe Flores Velázquez, jefe de la seguridad en Iguala, quién era el “Patrón” del que tanto se habló en las comunicaciones telefónicas y de radio entre los policías de Iguala y Huitzuco, ¿por qué no se le fincó responsabilidad legal alguna al gobernador Ángel Aguirre a pesar de sus vínculos documentados con los Abarca y, por último, y la duda más grave y menos respondida ¿cuál fue el papel real de la Policía Federal y del Ejército mexicano, con su 27 Batallón de Infantería y por qué hay testimonios que indican que nunca actuaron para defender del secuestro y el asesinato a los normalistas?

48 meses en los que, miles y miles de fojas, declaraciones de testigos, diligencias (no siempre legales como las de Tomás Zerón) audiencias judiciales, amparos y sentencias, conferencias de prensa y hasta el agotamiento de un procurador como Jesús Murillo Karam, que literalmente tiró la toalla en apenas cinco meses de conducir las investigaciones y en medio de fuertes cuestionamientos por su actuación; nada de eso ha bastado, con todo y los recursos del un Estado que se muestra incapaz de llegar a una verdad jurídica y legal ante el desgaste y desacreditación de la llamada “verdad histórica” u oficial.

En esta conmemoración de un crimen que conmocionó al país y al mundo y que, a pesar de los muchos discursos y voces que dijeron indignados “Ya basta” y “nunca más otra noche como la de Iguala”, hoy ha sido rebasado por muchas otras masacres y matanzas, ejecuciones masivas, fosas clandestinas, tráileres cargados de muertos deambulando. Y nadie cree en este triste aniversario en la veracidad y legalidad de las investigaciones oficiales, ni los padres de los normalistas, ni las Comisiones y organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, ni sectores amplios de la sociedad y ni siquiera el Poder Judicial de la Federación, que hoy ordena una “Comisión revisora” de todas las averiguaciones e indagatorias realizadas por al PGR bajo el argumento de que no se apegaron plenamente al Derecho Penal y Procesal.

Porque hoy, a cuatro años de distancia de la noche trágica de Iguala y a casi 50 de la masacre de Tlatelolco, el asesinato de estudiantes sigue siendo un crimen que en México se queda impune y en donde, lo mismo en el caso Ayotzinapa que en el del 2 de octubre, podrá haber acusados, autores materiales, chivos expiatorios y hasta alguno que otro inocente obligado a declarar bajo tortura, pero nunca se podrá saber la verdadera identidad de los responsables intelectuales, de los que dieron la orden de retener, torturar, masacrar y desaparecer a los estudiantes cuyos cuerpos y paradero, sean de universitarios o normalistas, quizás nunca se sepa porque se oculta y se protege lo que hubo de fondo en un crimen tan horrible y deleznable.

Y si en el caso del crimen de lesa humanidad en Tlatelolco tuvieron que pasar 50 años para que una institución del Estado mexicano, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reconociera oficialmente que sí, que “fue el Estado” el autor de esa masacre, que hubo aquella tarde del 2 de octubre francotiradores mandados por el gobierno de entonces para “crear pánico y caos entre los estudiantes” y que a eso siguió una acción sistemática de “persecución, tortura y encarcelamiento” de dirigentes estudiantiles y universitarios, en este 26 de septiembre de 2018 la pregunta obligada es ¿cuántos años más tendremos que esperar para saber quién dio la orden de desaparecer y matar a los 43 normalistas y por qué las instituciones de seguridad del Estado mexicano no hicieron nada para evitarlo?