Sexting en el Senado
Apropósito del escándalo del senador Ismael García Cabeza de Vaca y el uso de su pornochat en plena sesión legislativa, una fuente confiable del Senado de la República, que tuvo a su cargo el manejo del grupo de edecanes que durante varias legislaturas operaron en ese cuerpo legislativo, asegura que la práctica del sexting entre los senadores no es algo nuevo ni exclusivo de algún partido. “El sexting lo practican más de dos terceras partes de los senadores (lo que en términos parlamentarios sería una mayoría calificada), pero no a todos los atrapan en plena sesión”, dice esta persona que trabajó coordinando al grupo de chicas que atienden a los senadores mexicanos durante sus sesiones y reuniones de trabajo y que, aunque al inicio de la actual legislatura la mayoría de Morena dijo que serían “reasignadas a otras labores”, han vuelto ya a prestar sus servicios a los congresistas.
Y aunque de esa relación entre los senadores y las edecanes se ha cuestionado no sólo su costo de 3.8 millones de pesos al año, sino las denuncias en 2016 de “acoso sexual y laboral” por parte de legisladores a estas mujeres, según un grupo de trabajadoras del Senado que acusaron estas prácticas ilegales y luego fueron amenazadas y presionadas para que presentaran su renuncia, el tema de escándalos sexuales entre los congresistas mexicanos, incluidos los diputados, tampoco es algo nuevo ni se relaciona exclusivamente con un partido político.
Es cierto que el caso del senador tamaulipeco, por encima de su filiación política, es cuestionable no desde del punto de vista moral ni porque reciba fotos de una mujer en su celular, sino desde el terreno de la ética de un representante popular y un servidor público. Primero porque Cabeza de Vaca estaba en una sesión legislativa mientras atendía asuntos de tipo personal en su teléfono, que nada tenían que ver con la discusión en ese momento en tribuna; segundo, porque se evidencia la total incongruencia de un legislador federal que, al mismo tiempo que porta un moño que simboliza una condena “a la violencia contra las mujeres”, participa de una conversación que versa sobre trata de personas y esa misma violencia misógina hacia las mujer al mencionar la presunta existencia de un “padrote”, que no es otra cosa que un proxeneta que se dedica a la explotación sexual de mujeres, en muchos casos asociada también al maltrato y la violencia de sexoservidoras.
Pero sin caer en linchamientos políticos o partidistas, no se puede dejar de mencionar la pertenencia de este senador a un partido como el PAN, que históricamente ha asumido entre sus principios la defensa de temas que van desde la moralidad pública, hasta la dignidad humana, la defensa del matrimonio y de la familia,entreotros“valores”quedefiendelaideología demócrata cristiana que dice abanderar el panismo. Ni tampoco que no es el primer escándalo de tipo sexual en que se ven involucrados congresistas de Acción Nacional, pues está el caso documentado en video de un grupo de diputados blanquiazules que, con motivo de una reunión plenaria, organizaron una fiesta en una casa rentada en Puerto Vallarta en agosto de 2014 en la que contrataron sexoservidoras, en un escándalo que le costó el puesto al entonces coordinador parlamentario, Luis Alberto Villarreal, grabado bailando con una de las mujeres contratadas, mientras los demás diputados (“diputables” los llamó la prensa) le gritaban animados “!Animo Montana¡”.
Hoy el escándalo de Ismael García Cabeza de Vaca, un panista de muy reciente cuño, quien además es hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rebasa lo meramente anecdótico o el debate sobre la “doble moral” de los políticos mexicanos. En un país donde 66% de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia de tipo sexual, física, emocional o laboral, según la última Encuesta de Dinámica de los Hogares del Inegi, donde 9 mujeres son asesinadas cada día en lo que va de este 2018, según la CNDH, y en donde 71% de las víctimas de trata son mujeres y de ellas 20% son niñas y adolescentes, el que un senador promueva este tipo de violencia y la trata en pleno recinto legislativo sí debe llamar la atención y si no hay no hay sanciones legales o administrativas en el Senado, por la laxitud de las leyes, sí debe haber una condena pública y un rechazo contundente a este tipo de prácticas y actitudes entre quienes hacen las leyes que deben perseguir y castigar esos delitos de género. No hacerlo nos confirmaría como un país de cínicos con un Congreso de proxenetas, alcahuetes y simuladores.