El Inai y la corrupción
El 28 de septiembre se conmemoró el día internacional del derecho a saber, es por eso que el Inai (organismo autónomo encargado del acceso a la información y la transparencia) llevará a cabo la semana de la transparencia del 3 al 5 de octubre con el tema “Transcendencia e impacto de la transparencia y la rendición de cuentas”. No transparentar es no saber, y esto un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad, por eso el Inai forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción; cuando resulta necesario, se erige en “árbitro” e interpreta la ley para definir qué debe ser público y qué no cuando la frontera no es tan sencilla. Hoy le plantearé un caso concreto. El artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que no podrá invocarse el carácter de reservado de la información cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, y aunque parece clara la excepción a la reserva, por desgracia para la mayoría de los comisionados del Inai no lo ha sido. Veamos el caso Odebrecht. Vaya que es un caso conocido que ha generado múltiples solicitudes de acceso a la información a diversas autoridades federales e incluso a sindicatos como el de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En este asunto (RRA 7889/2017), el comisionado Joel Salas pugnó, dentro del pleno del Inai, por aplicar la excepción mencionada a la reserva dado que, evidentemente, estábamos ante información relacionada con actos de corrupción, de manera que por ese motivo, no debía considerarse reservada; sin embargo, hasta el momento ha pesado más en Inai la visión de que dicha excepción no puede ser aplicada en tanto no se nombre titular de la Fiscalía Anticorrupción ¿Por qué? Pues porque de su nombramiento depende la entrada en vigor formal de algunos delitos en la materia que fueron adicionados al Código Penal Nacional en 2016, así que la ausencia de este nombramiento, además de tener suspendidos los tipos penales, también ha generado una interpretación errónea del Inai en el sentido de que no hay aún formalmente clasificación de actos de corrupción y por tanto no procede la excepción. En este caso finalmente se abrió la información en versiones públicas, pero no fue por la aplicación de esta excepción del 112, lo que hubiera sido deseable para sentar un precedente en el sentido de que se puede aplicar dicha excepción a todos los casos de violaciones de derechos humanos y corrupción, a pesar de que no haya fiscal ni haya entrado en vigor ese capítulo del Código Penal (ver casos Tlatlaya -RDA- 04635/15 y Duarte -RRA 2719/17- en los que tampoco se aplicó la excepción de reserva de la información y no se hizo pública). Así pues, en el marco de la semana de la transparencia, vale la pena reflexionar sobre los alcances del Inai, particularmente frente a la reserva de información relacionada con actos de corrupción, pues las herramientas ya están en la ley y los principios constitucionales como el de máxima publicidad deben servir de ancla para dictar resoluciones más favorecedoras al derecho a saber que es fundamental para ventilar casos de corrupción y violación de derechos humanos. Especialmente en casos de gran trascendencia para la sociedad mexicana, me parece importante que el Inai adopte una visión mucho más proactiva, más abierta y tome los elementos con los que cuenta para abonar a que la sociedad conozca el actuar de las autoridades en esos casos. EN LA SOBREMESA. Pasado mañana, 3 de octubre, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dará una conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la Convocatoria 2018-2019 para seleccionar al nuevo o nueva integrante del CPC en sustitución de Mariclaire Acosta, quien concluye su encargo el 8 de febrero de 2019. La cita es en la Sala Reforma Política del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a partir de las 10:30 am.