Libera PGR dos fincas al ex gobernador Eugenio Hernández
• Ex mandatario sigue vinculado a proceso y preso en penal de Ciudad Victoria, indican
A pesar de la existencia de investigaciones locales y federales por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, la Procuraduría General de la República (PGR) liberará dos fincas que fueron aseguradas como parte de las indagatorias.
El pasado 28 de septiembre, la PGR inició el trámite para la liberación de los dos predios ubicados en Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con el oficio número CGII/F3/641/2018, dirigido al director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, solicitó la cancelación del aseguramiento de las dos fincas que tienen más de 644 y 955 hectáreas, cada una.
Los terrenos estaban relacionados en las averiguaciones previas en las que, según un informe remitido por la SEIDO en marzo de 2018, están involucrados Eugenio Hernández como el también ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, dos empresas y tres de sus colaboradores, quienes son investigados por la Fiscalía Anticorrupción del estado por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No exime a ex góber. Autoridades consultadas señalaron que el caso de las fincas no es ganancia para Hernández Flores. Incluso, el mismo 28 de septiembre la fiscalía local amplió su acusación y le agregó enriquecimiento ilícito, por lo que permanece vinculado a proceso y preso en un penal de Ciudad Victoria.
De acuerdo con las investigaciones en la entidad, el ex mandatario registró un incremento patrimonial injustificado en los años en los que fungió como diputado federal, alcalde de Ciudad Victoria y gobernador del estado y no pudo determinar el origen de sus recursos.
Desde el año pasado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la PGR diversos informes sobre el aseguramiento de esos predios, pero la SEIDO negó la existencia de esa medida y posteriormente ordenó clasificar los datos relacionados con las investigaciones contra Yarrington y Hernández.