Jesús Reyes Heroles
Gobernar resulta de confrontar la visión de quienes gobiernan con la dura realidad. De eso surge la personalidad de las administraciones. Esta transición de gobierno es un magnífico ejemplo de ese proceso iterativo entre aspiraciones y realidades, en especial en el sector energético. A sólo tres meses de la elección, los planteamientos en el sector se acercan a propuestas pertinentes y viables. Del rechazo absoluto y frontal a los elementos fundamentales de la reforma energética de Peña Nieto, ahora la nueva administración acomoda algunos, y modula sus planteamientos iniciales.
La semana pasada, el presidente electo AMLO presentó un documento que, en lo general, resume la situación actual del sector. Presenta duras realidades. En esta década, la exploración de hidrocarburos fue muy limitada: la tasa de sustitución de reservas 1P se redujo de 77% en 2010 a 17.5% en 2017. Esto resultó de una reducción sustancial de la inversión en exploración, de 2.5 miles de millones de dólares (mmdd) en 2010, a 1.7 mmdd en 2018. Menos inversión, menos descubrimientos. En el mismo periodo, la producción disminuyó de 2.6 millones de barriles diarios (mbd) a un estimado de 1.8 mbd. De nuevo, la inversión de Pemex para desarrollo y producción se redujo de 17.3 mmdd a 6.6 mmdd este año.
La crítica situación de Pemex encuentra una explicación central: la excesiva astringencia presupuestal impuesta por SHCP y por el Congreso. Salvo en 2006 y 2012, los impuestos y derechos extraídos a la paraestatal superaron su “rendimiento antes de derechos e impuestos”, lo que arroja pérdidas que se acumulan. Esos recursos los requiere el precario erario público. Esta realidad financiera es la que explica que el país haya decidido eliminar la exclusividad a Pemex y permitir que empresas privadas participen en la explotación de los hidrocarburos de México.
A pesar de sus críticas incesantes sobre dicha reforma, AMLO se reunió con la asociación de las empresas que ganaron 107 contratos en licitaciones. Planteó que dichos contratos serán revisados pero que, en la medida que se cumplieran sus compromisos de producción, serían respetados. Fue más allá, pues ofreció ayudar a simplificar trámites y facilitar sus operaciones, en la medida que cumplan sus compromisos de producir 280 milbd en 2024, que el actual secretario de Energía Pedro Joaquín C. determinó en 180 mil bd para 2020, 430 mil bd en 2024 y 816 mil bd en 2030. Sin duda, una contribución significativa.
AMLO ratificó su propósito de ubicar a Pemex y a CFE en el centro del esfuerzo para alcanzar una mayor producción durante su administración. Por tanto, ha planteado invertir 3 mil 750 mdd del erario en Pemex, para exploración y producción, 3 mmdd para rehabilitar refinerías, reconfigurar las tres refinerías faltantes (7 mmdd por cada una), además de construir una nueva de 300 mil bd en Tabasco, o sea, canalizar importantes recursos fiscales al fortalecimiento de Pemex, un giro de 180 grados respecto a la estrategia previa: ahorcarla financieramente. Es un avance que AMLO haya iniciado este diálogo porque hay muchos asuntos a aclarar y afinar. La velocidad a la cual puede aumentar la producción producto de las rondases mejor delo que la opinión pública reconoce, pues debe recordarse que sólo han transcurrido tres años desde que se adjudicó el primer contrato en septiembre de 2015.
En conjunto, ese intercambio de puntos de vista es un avance en la conformación de la política energética de la próxima administración. Quedan muchos aspectos por definir, pero el diálogo ya se inició. En los hechos, el objetivo de que Pemex produzca 2.5 millones de barriles diarios para 2024 es un desafío formidable, que requerirá gran capacidad para coordinar las acciones. Esperemos que Pemex sea capaz de lograrlo.