Veto tras veto en Infonavit
Si al primero lo acusaron de emisario del pasado, al pretender devolver al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores su fase de constructor, al segundo lo califican de “populista”.
Su pecado es pretender sectorizar al organismo creado bajo la presidencia de Luis Echeverría a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Las olas contra éste se levantaron a raíz de su comparecencia en una reunión de la representación empresarial que participa en el organismo tripartita celebrada en Cancún el 26 y 27 de septiembre pasado.
Los dardos apuntan a que el segundo de la tarde pretendía convertir al organismo en una entidad de gestoría urbana y de negociación con grupos sociales, dado su perfil de experto en ciencias políticas.
Lo cierto es que tras la presión está un juego de intereses en un escenario en que las posiciones de representación empresarial en el interior del organismo se pelean con más enjundia que las propias presidencias de éstos. La cuchara grande la tiene, como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Concamin.
Las criticas a Centella, el primer posible, hablaban de que buscaba darle la vuelta a la página en sentido contrario para colocar al Infonavit como acaparador de tierras y constructor de viviendas, pero soslayando que ese capítulo lo cerró la corrupción.
Disputados los contratos vía tráfico de influencias, éstos llegaban a los hijos de los representantes del sector obrero o las firmas relacionadas con los del empresarial, en un escenario en que la rapiña arrollaba la calidad. Se dio el caso en que un conjunto construido en una ladera ubicada a la salida de la carretera México-Pachuca por un hijo del líder obrero Jesús Yurén fue abandonado por deficiencias en su construcción. Las aguas negras brotaban de los inodoros.
Concentradas las tareas en la especulación de tierras y la tutoría de contratos, se descuidó la administración, al punto de colocar al organismo al borde de la insolvencia, lo que obligó a la Secretaría de Hacienda, durante la época de Pedro Aspe, a darle vuelta al molino para volverlo una suerte de entidad financiera. En adelante se otorgarían préstamos, no vivienda.
Colocado en la baraja del nuevo gobierno el nombre de Juan Carlos Centella, un arquitecto urbanizado, para dirigir al Infonavit, la presión de promotoras de vivienda y organismos empresariales provocó que lo bajaran del caballo, sustituyéndolo Carlos Martínez, egresado del ITAM, a quien también se pretende eliminar del cuadro.
En la exigencia de pagos en larga mora, el instituto confiscó miles de viviendas o conjuntos que luego se remataron… a familiares de políticos.
En el marco aparecieron las promotoras de vivienda, con la novedad de que las unidades habitacionales se construían en lugares alejados de los centros urbanos, es decir, sin los mínimos servicios de transporte, comercios y energía eléctrica, lo que obligó al gobierno actual a cambiar las reglas. Las promotoras, con créditos bancarios en la mesa por compras de reservas territoriales que resultaban inútiles, se fueron a concurso mercantil.
El Infonavit cuenta con colosales fondos acumulados en 59 millones de subcuentas de vivienda, a cuyo marco se han abierto opciones como el incrementar el monto de los créditos, abrir la posibilidad de una segunda vuelta aún para quienes no han pagado el primer crédito o destinarlos a reparación de la casa.
El juego de los intereses.
Balance general. Lanzado un dardo envenenado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, a cuyo pleno acusó de recibir salarios de 250 mil pesos y no servir para nada, a botepronto éste le dio reversa a su posición inicial para exigir una versión pública de los avances de la investigación del caso Odebrecht.
La resolución provocó que la Procuraduría General de la República lanzara una cascada de culpas para eludir su responsabilidad.
En el caso de la constructora brasileña, la máquina se frenó por falta de cooperación del gobierno de ese país en aportar información. Lo curioso es que México sería la excepción en un escenario en que los procesos se han cerrado en 15 países.
De pasadita, se culpa a Hacienda de que la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, esté impune, al no haber presentado la fiscalía de la dependencia la denuncia por lavado de dinero o evasión fiscal.
Ahora que la ridícula sentencia al ex gobernador de Veracruz es culpa de los jueces. Sólo le faltó decir que la tardanza para consignar expedientes es culpa de las secretarias que no los terminan.
Más outsourcing. Aunque falló la jugada de los ex senadores y dirigentes obreros Isaías González y Tereso Medina de colar en la reforma a la justicia laboral una alfombra para el outsourcing o tercería, al extender indiscriminadamente su contratación por parte de las empresas y de pasadita borrarles la corresponsabilidad por las omisiones cometidas por ellas, la modalidad sigue creciendo.
Se calcula que 80% de los empleos formales se crean bajo la subcontratación. Abierta la rendija por la reforma laboral del sexenio calderonista, si originalmente las outsourcing se constreñían a tareas de mantenimiento y limpieza, hoy alcanzan hasta los mandos ejecutivos y medios de grandes empresas.
En algunos casos la totalidad del personal de contabilidad, planeación o control de calidad está subcontratado, lo que lo margina de las prestaciones de la contratante.
Tinta mexicana. A contrapelo de los vaticinios que hablaban de que la posibilidad de la nube sustituiría las impresiones en papel, en el primer trimestre del año el mercado de impresión láser del país alcanzó una comercialización de 150 mil unidades. El gran cliente sigue siendo el gobierno, cuya facturación alcanza 15 mil millones de pesos anuales.
En el marco está creciendo a pasos acelerados la firma Lexmark, la única que produce cartuchos de tóner en el país, vía una planta en Ciudad Juárez. Esta opera desde 2004. Lo interesante del asunto es que la producción tiene un grado de integración nacional superior a 85%, lo que impacta el crecimiento de la industria manufacturera nacional cuya producción no sólo se exporta hacia América Latina, sino a Europa y Asia, pese a las plantas de su matriz en el planeta. La firma ofrece 10 mil empleos indirectos y 2 mil directos.
Bajo el nuevo gobierno se privilegiarán las licitaciones nacionales abiertas, lo que favorece la causa de la firma, dado que la condición para ubicarse como tal es un mínimo de 56% de contenido local. Lexmark ofrece servicios integrales, incluida una opción para reducir impresiones innecesarias.
Será melón. Prevista tradicionalmente para el mes de julio, 15 o 20 días después de la entrega del informe al Ejecutivo y el Legislativo sobre su salud financiera, hete aquí que nuevamente se volvió a aplazar la fecha por la llamada Asamblea Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta se realizará el 30 de octubre, presumiblemente en la capital de Querétaro.