Lorenzo Meyer

“La tarea de dar forma y consolidar un nuevo y mejor régimen político rebasa el tiempo sexenal y la capacidad de cualquier nuevo gobierno”.

El PRI ya perdió su tradicional control sobre el Congreso. En la LXIV Legislatura, el priismo apenas tendrá presencia: 13 de 128 senadores y 47 de 500 diputados. Es verdad que aún mantendrá un número respetable de gubernaturas. Sin embargo, esos gobernadores estarán acotados por Congresos que no controlan y por un gobierno federal en manos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Las perdidas y acotamiento del otrora gran partido de Estado significan que México tendrá un nuevo régimen? Aún no, para alcanzar esa meta aún deberán salvarse obstáculos enormes.

El régimen que remplazó al porfirista, no quedó formado sólo por los ganadores de la Revolución Mexicana. Tuvo otros componentes que, con el paso del tiempo, fueron ganando fuerza y complejidad y para la segunda mitad del siglo pasado ya conformaban eso que se conoció como “la gran familia revolucionaria”.

El centro del nuevo sistema fue una presidencia casi sin contrapesos, que tenía como base social a las organizaciones de masas del PRI: la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), los grandes sindicatos de industria y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Por otro lado, estaban las organizaciones empresariales: Concanaco, Concamin, Canacintra y otras, como el Consejo Coordinador Empresarial y la más selectiva: el Consejo Mexicano de Negocios. Además, esa pirámide del poder incluía a la burocracia y a sus organizaciones sindicales, a la dupla de raíces coloniales: la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas y a otros actores políticos con los que debió negociar para mantener subordinados.

Finalmente, en la medida en que, por motivos de vecindad y asimetría de fuerza, la gran potencia del norte consideró que ciertos temas y problemas mexicanos afectaban directamente su seguridad y sus asuntos internos, como la migración o el crimen organizado, el “factor norteamericano” también actuó como parte de la estructura de poder mexicana, es decir, como el elemento no subordinado del régimen. En fin, que la lista de los componentes de esa compleja estructura de lo que hoy quizá se puede llamar “el nuevo viejo régimen”, es larga, se fue construyendo a lo largo de un siglo y su reestructuración va a ser un problema mayúsculo.

Antes de que lo destruyera la Revolución, el régimen porfirista funcionó como una alianza oligárquica relativamente simple si se le compara con la actual. En buena medida, esa sencillez fue lo que llevó a que cuando su centro vital falló —Porfirio Díaz, “el indispensable”—, la primera etapa de su desmantelamiento fue violenta pero relativamente rápida. El Ejército quedó eliminado en 1914, las diferencias entre los vencedores también se resolvieron de manera tajante: cuando se reunió en Querétaro el Congreso Constituyente, el villismo y el zapatismo ya estaban neutralizados. La Iglesia tardó un poco más en doblegarse, pero para el momento en que nació el partido de Estado —1929— ya no desafiaba al régimen, lo mismo sucedió con los terratenientes, a los que el cardenismo les dio el golpe de gracia en los 1930 sin que pudieran resistirse con efectividad. El punto culminante del proceso fue el enfrentamiento de 1938 del presidente con los inversores extranjeros: los petroleros. En suma, a la Revolución le tomó casi tres décadas acabar con lo viejo y remplazarlo con lo propio.

El sistema o estructura de poder actual, al que se enfrentan AMLO, su partido y sus aliados, es mucho más complejo y está mejor atrincherado que aquel al que se enfrentó la Revolución Mexicana. Lo que estamos viviendo —para usar la caracterización que hizo Churchill en 1942 sobre la lucha de Inglaterra contra Alemania— no se trata del final del régimen priista, ni siquiera es el principio de su final, sino, quizá, el final del principio del gran esfuerzo por dar forma a uno nuevo, democrático y justo o, al menos, menos injusto.

AMLO y su partido-movimiento, con un amplio respaldo ciudadano, lograron culminar la serie de luchas electorales con dados cargados que se iniciaron en 1988 y que requirieron 30 años más para poder llegar al triunfo del pasado 1° de julio. El resultado inmediato de esa elección ha sido la marginación del PRI con la posibilidad de su extinción en el mediano plazo. Sin embargo, ahora se inicia una etapa tan o más complicada que la anterior: enfrentar a un crimen organizado fuera de control, lograr que la gran riqueza deje de practicar el corrupto y disfuncional “capitalismo de componendas”, juegue limpio y que, además, acepte una distribución menos injusta de la riqueza. Se debe lograr la profesionalización de la burocracia, moralizar a un sistema de justicia ineficaz e injusto, controlar el actuar de las Fuerzas Armadas, aumentar y sostener la independencia relativa de México frente a Estados Unidos y un largo etcétera.

Hoy, el objetivo común debe ser el dar forma a un auténtico nuevo régimen. Sin embargo, también se debe tener plena conciencia que es obligación ineludible de la propia sociedad mexicana, como responsable de su soberanía y destino, el proveer la energía para la continuidad del cambio. La tarea de dar forma y consolidar un nuevo y mejor régimen político rebasa el tiempo sexenal y la capacidad de cualquier nuevo gobierno.

Es obligación ineludible de la propia sociedad mexicana, como responsable de su soberanía y destino, el proveer la energía para la continuidad del cambio