Urge CNDH a proteger a defensores civiles
• Hay 22 estados sin una ley que resguarde a protectores, señala • Pide a las autoridades implementar políticas de prevención
A nivel nacional, 22 estados carecen de una ley para proteger la integridad de los defensores de las garantías, alertó Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien hizo un llamado a las autoridades a implementar políticas públicas de prevención.
Al presentar el Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, destacó que 17 entidades reportaron cumplimiento satisfactorio de la Recomendación General 25; 12 presentaron cumplimiento básico; Yucatán reportó que fue insuficiente; Chihuahua y Coahuila no respondieron.
Corzo Sosa advirtió que “22 entidades carecen de su respectiva ley para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, en tanto que las 10 restantes cuentan con ella para proteger a quienes desempeñan esa actividad”.
Los estados en los que falta una ley en la materia son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Destacó que a partir de que la CNDH emitió la recomendación general, cinco entidades efectuaron las reformas legislativas correspondientes, sumándose a otras cinco que tenían disposiciones similares, por lo que exhortó a los estados pendientes a actualizar su normatividad.
Reveló que las entidades con más registros de homicidios de personas defensoras civiles de derechos humanos son: Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis, y Oaxaca, con cinco, por lo que urgió a “intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección para esas personas, ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país”.
Corzo Sosa enfatizó que “la situación de las personas defensoras es de riesgo”, puesto que de 2006 a la fecha, 36 de ellos han sido asesinados, de acuerdo con datos de la CNDH.
El homicidio más reciente fue el del activista y ambientalista Jesús Javier Ramos Arreola, quien fue asesinado el pasado 28 de septiembre en su casa, en Tlalmanalco, Estado de México.
Precisó que el hecho de que priven de la vida a una persona representa una situación preocupante y por eso es que se necesitan impulsar medidas de seguridad integral.
En el estudio también se menciona que “las mujeres defensoras enfrentan un doble riesgo al ser mujeres y al ser defensoras de derechos humanos. Además, muchas defienden y trabajan casos de búsqueda de verdad y justicia para casos de género.
“Las defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas entre 2010 y 2016 son de 38, según el informe presentado por el Relator Especial de las Naciones Unidas Michel Forst, en enero de 2017”, detalló.
Explicó que es necesario abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas protectoras de las garantías. Para lograrlo, dijo, es fundamental que los gobiernos de los tres niveles asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos, además de diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad.
“Para mayor efectividad en la implementación del mecanismo de seguridad, se requiere coordinación entre las entidades. Una forma de lograrlo es a través de la exigencia de reportes semestrales o anuales a cada estado por medio del mecanismo [de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas], en el que presenten su base de datos actualizada respecto a las personas defensoras”, se señaló en el informe.
Corzo Sosa indicó que el estudio, realizado conjuntamente por la CNDH y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza la respuesta de las autoridades en el Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas protectores de los derechos humanos, emitida en febrero de 2016.
Dio a conocer también que el informe contiene propuestas en materia de políticas públicas para que quienes se dedican a la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas ejerzan su actividad en el país con los estándares mínimos de seguridad previstos en los tratados e instrumentos internacionales.
En las conclusiones del estudio se resaltó la importancia de incluir a los protectores civiles en la discusión de los puntos recomendatorios y las propuestas elaboradas, porque son la población afectada y tienen los conocimientos y la experiencia necesaria, así como para fortalecer la credibilidad en las recomendaciones e informes especiales, puesto que ellos consideran que no se les ha tomado en cuenta por completo para la elaboración de las medidas.
“Aunque se trata de instrumentos de carácter general, en las entrevistas se observa una preocupación de las personas defensoras por cómo ejecutar los puntos recomendatorios de tal manera que su aplicación se traduzca en una mejor defensa de los derechos humanos de los protectores civiles. Por eso insisten en la necesidad de especificar los contenidos de cada uno de los puntos recomendados, establecer criterios para su cumplimiento, e identificar los resultados esperados”, se mencionó.