¿Para qué elevar penas?
Hace 10 años la propuesta del Partido Verde de instaurar la pena de muerte a secuestradores desató un debate nacional para aplicar ese tipo de castigo a los delincuentes, a pesar de que tres años antes, en 2005, México se había unido a los países que eliminaron esa sanción de todas sus leyes.
La iniciativa finalmente fue retirada. En su lugar se aprobaron penas más duras contra quien cometiera ese ilícito. Las sanciones que marca la ley van desde 40 y hasta 140 años de prisión.
A pesar de ello, en la actualidad el delito no ha desaparecido. Organizaciones como Alto al Secuestro empujan todavía por que las autoridades de los tres niveles adopten acciones para combatir el plagio. Las cifras de la agrupación indican que los casos de secuestro suben y bajan de un mes a otro.
¿El aumento de penas ha ayudado a disminuir el número de casos? Expertos descartan que así sea y como ejemplo acuden a uno de los casos más evidentes: aunque en algunas partes de Estados Unidos la pena de muerte es legal, el índice de criminalidad no se encuentra en niveles bajos.
En el Senado mexicano, en este periodo de sesiones, tienen como prioridad legislativa tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos, luego de que este lunes EL UNIVERSAL dio a conocer cifras que muestran un virtual estallido del problema en todo el país, al pasar de 890 casos de tomas clandestinas en el sexenio de Vicente Fox a 37 mil 477 en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto.
¿Bastará la medida que plantea la Cámara Alta para contener el fenómeno llamado huachicoleo? Es cierto que podría evitar que los presuntos delincuentes obtengan libertad bajo caución, pero ¿es la única acción que puede hacer el Congreso de la Unión?
Quedarse solo en medidas de mayor severidad poco contribuye a combatir las “ordeñas” de ductos de Petróleos Mexicanos, sobre todo cuando el problema mayor que está detrás es la impunidad. Además, ¿de qué serviría tener decenas, cientos o miles de reos purgando largas condenas en prisión si sabemos que las cárceles son centros de operación para extorsionadores, secuestradores e integrantes de grupos del narcotráfico?
Desde el Congreso se debería modificar el tradicional modelo de represión por uno de prevención del delito, aspecto que prácticamente desapareció en los últimos años. Es hora de apostar a una política que vaya a las raíces del problema y que no tenga como único fin actuar una vez cometido el delito.