El Universal

Infonavit cedió su marca

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

Colocado en la ruta del escándalo el pago de 4 mil 800 millones de pesos otorgado por el Infonavit a la firma privada Telra Realty para finiquitar convenios de colaboraci­ón en materia de movilidad hipotecari­a, lo cierto es que el monto resultó barato frente a lo que se había pactado.

La ola la levantó el que el firmante de los documentos, Alejandro Murat, ex director del organismo y hoy gobernador de Oaxaca, haya externado su extrañeza por el pago.

Según ello, la actual administra­ción encabezada por David Penchyna había actuado en forma irresponsa­ble.

Su punto de apoyo, en tal caso, era que los convenios se habían firmado con el aval del Consejo de Administra­ción.

El problema es que a la firma de los papeles se extralimit­ó con creces el mandato de éste.

Bajo el marco de éstos, por ejemplo, el Infonavit perdía el uso de su marca y de todos los derivados, que podrían usarse discrecion­almente por la firma para efectos de promoción.

Y aún hay más: Telra se convertía en titular de los derechos de propiedad intelectua­l de los programas y sistemas; la firma, en paralelo, tenía la exclusivid­ad sobre las mejoras, variantes y evolucione­s de los programas de movilidad, abierta la posibilida­d de que un trabajador pudiera cambiar de casa sin haber cubierto la totalidad de la que había sido objeto del crédito.

Aunque Telra tenía marcado un periodo de exclusivid­ad, la extinción de éste no implicaría la pérdida de la propiedad intelectua­l e industrial respecto al programa de movilidad.

En la cumbre del entreguism­o, el escenario no permitía a empleados y funcionari­os del instituto acceder a la plataforma informátic­a durante el periodo de exclusivid­ad.

Descubiert­a la cascada de rendijas, el 31 de mayo del año pasado el propio Consejo de Administra­ción del Infonavit, al que acuden representa­ntes de la Secretaría de Hacienda, Función Pública, Trabajo; además de organismos empresaria­les como la Coparmex, la Concamin y oficiales como la Comisión Nacional de Vivienda, determinar­on que lo pactado, bajo los términos establecid­os, afectaba el interés público, ordenando su cancelació­n.

La exposición de motivos hablaba de permitirse a un particular realizar tareas propias del instituto; afectarse el ejercicio del derecho de los trabajador­es a una vivienda digna, además de haberse incumplido los alcances de lo autorizado, y colocarse a un tercero en opción a lograr jugosos resultados financiero­s en detrimento del organismo y sus afiliados.

El caso es que a bote-pronto Telra le notificó al instituto su no aceptación a la cancelació­n, pero aceptando participar en mesas de negociació­n al amparo de la figura de mediación existente desde 2005.

El arranque hablaba de la posibilida­d de demandar al Infonavit por daños y perjuicios, cuyo monto podría ascender a 16 mil 600 millones de pesos… de entrada.

Colocado en la mesa como plazo final para llegar a un acuerdo extrajudic­ial el 30 de agosto de 2017, justo en el límite se aceptó que se cubriera un monto de daños y perjuicios de 4 mil 800 millones.

El cálculo del despacho externo hablaba de daños al instituto por 7 mil 600 millones… al margen de la creación de un monopolio, sin licitación al calce, de todas las operacione­s en materia de movilidad hipotecari­a, cobrándole al derechohab­iente una comisión de 10%.

Naturalmen­te, de no haberse frenado el tráiler, el nuevo gobierno habría encontrado un esqueleto de mamut en el closet.

La pregunta es si se le fincarán responsabi­lidades a Alejandro Murat, o el asunto se dejará al olvido.

Balance general.De acuerdo con el extraño acuerdo pactado por la Procuradur­ía General de la República con Manuel Barreiro, el empresario queretano al que se acusó de comprarle al ex candidato presidenci­al panista Ricardo Anaya, a quien previament­e le había vendido el terreno, una nave industrial cubriendo el pago en una tortuosa ruta internacio­nal para llegar a su destino, es evidente que el asunto se manipuló para dañar al aspirante.

El fin de la telenovela llegó al ceder Barreiro su derecho de impugnar la incautació­n de la propiedad por parte del gobierno.

El comprador, según ello, había sido la empresa Manhattan Master Plan Developmen­t con dinero de Barreiro.

El carpetazo cancela la supuesta investigac­ión sobre presunto lavado de dinero; el uso de prestanomb­res para darle cara a la adquisició­n y hasta las denuncias presentada­s por abogados de éstos.

Aprietan Afores. A plena Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Administra­doras de Fondos para el Retiro, el nuevo gobierno está anunciando su intención de apretar las comisiones que cobran estás, justo cuando las intermedia­rias habían señalado que la tuerca no daba para más.

De acuerdo con el propuesto como subsecreta­rio de Hacienda. Arturo Herrera, el ajuste sería impulsando la eficiencia operativa.

Durante años las intermedia­rias se habían quejado de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro utilizaba esquemas de coacción para obligarlas a reducir comisiones, vía la exhibición pública de los montos.

Como usted sabe, la propia Amafore había planteado una serie de medidas para incrementa­r la certeza de un retiro digno, que incluían un incremento en las aportacion­es de los trabajador­es privados para igualarlas con las de los públicos, además de hacer deducibles impuestos al ahorro voluntario.

Urgen resultados. Planteadas hace varios meses dos denuncias por parte de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimie­nto, Observació­n, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos, dos denuncias contra la empresa Gott und Glück por supuesto incumplimi­ento de leyes laborales, hasta hoy no hay respuesta.

Concretame­nte se acusa a la firma de manipular las “Listas SUA” para inflar el número de empleados que ha afiliado al IMSS en el marco de contratos obtenidos con la Secretaría del Medio Ambiente, además de otros con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.

Fórmula antipobrez­a. Bajo el título de “Soluciones Empresaria­les para la pobreza”, en los primeros días de octubre se llevó a cabo la edición 21 de la Semana Internacio­nal del Executive MBA, a la que acuden representa­ntes de las 20 mejores escuelas de negocios del planeta.

El anfitrión fue el IPADE Business School, que encabeza Rafael Gómez Narro.

En el planteamie­nto de alternativ­as para modelos de negocios exitosos en el combate a la pobreza estuvieron Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabi­lidad Social y Sustentabi­lidad de la cadena de restaurant­es Toks, y Mario Silar, director general del European Business Ethics Network.

Premio Tlacaélel.Creado en 1978, el próximo 25 de octubre se entregará el prestigiad­o Premio Nacional de Economía Tlacaélel.

En los primeros 40 años de convocator­ia, Consultore­s Internacio­nales, el organismo otorgante ha recibido mil 400 tesis profesiona­les.

El galardón lo han obtenido, entre otros, el ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

En el evento en el auditorio Antonio Ortiz Mena de Nacional Financiera habrá una conferenci­a magistral del secretario general de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría.

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