Indagan nepotismo en Poder Judicial
• Ordena presidente del CJF realizar investigación • Fortalecer carreras e impartición de justicia, el fin
El ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, ordenó investigar los posibles casos de nepotismo en el interior del Poder Judicial de la Federación.
Los resultados de la indagación del CFJ deberán ser informados al pleno del organismo para contar con datos certeros, confiables y verificables que ayuden a “fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia federal”.
El organismo informó que la investigación servirá para tomar en consideración en los procesos de selección, promoción y designación de los servidores públicos.
Fuentes federales explicaron que en los procesos de nuevo ingreso los titulares de los órganos jurisdiccionales (jueces y magistrados) deben informar al pleno del CJF si la persona que pretenden designar a su cargo tiene o no familiares en el PJF o algún otro conflicto de intereses.
Con la investigación ordenada por Aguilar Morales, el CJF busca detectar las fallas en sus filtros y ubicar las áreas de oportunidad para una próxima reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se prevé que para el caso de que algún integrante del PJF haya sido omiso en declarar su conflicto de intereses por relaciones de parentesco se dé inicio a los procedimientos administrativos correspondientes.
Para realizar la indagatoria, el CJF prevé requerir diversa información a jueces y magistrados, y se utilizarán todos los recursos institucionales para identificar la existencia de casos de nepotismo.
El año pasado el consejero de la Judicatura Felipe Borrego Estrada realizó un estudio en el que afirmó que al menos 500 jueces y magistrados federales ocupan plazas en tribunales y juzgados con sus hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos y cuñados, entre otros.
Por otra parte, el ministro Javier Laynez Potisek, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó reanudar el concurso de jueces que fue anulado debido a que el Consejo de la Judicatura detectó la venta ilegal de los exámenes que serían aplicados a los aspirantes.
El ministro consideró que reanudar el concurso pondría en riesgo el interés de la sociedad porque permitiría que los puestos de jueces fueran ocupados por personas que podrían no tener derecho a ello.
“Esta sala considera que de proceder la suspensión de esas resoluciones se pondría en riesgo el interés de la sociedad”, indicó el ministro.