¡Que despegue la consulta!
Hace unos días se anunció la consulta para decidir la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). La idea es meritoria, al ser un tema con implicaciones de largo plazo. Las alternativas para la construcción de esta obra estuvieron en el centro del debate durante las campañas, pero todavía no se procesa con rigor el parecer de la ciudadanía.
Consultar a la sociedad cuando existen temas complejos no es nuevo. Cada año, los suizos opinan hasta en 70 referendos. Son la nación más familiarizada con estas prácticas. En noviembre próximo en EU se encontrarán con centenas de consultas, las cuales se harán el mismo día de la elección congresional. California, por ejemplo, preguntará sobre 11 temas, incluyendo impuestos a la venta de gasolina, transferencias fiscales a organizaciones altruistas o regulaciones para el alquiler de inmuebles.
Pero si bien los instrumentos de democracia directa son cada vez más comunes, en el mundo todavía hay desconocimiento respecto de los estándares aplicables. Casos como el de Crimea 2014 o Cataluña 2018 evidencian el caos que puede desatarse si uno de estos ejercicios se desarrolla a la ligera. Por el contrario, hay centenas bien aplicados que consiguieron resolver decisiones difíciles que el debate político no estaba logrando procesar. ¿Cuáles son esos estándares?
La Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho afirma que deben tener base constitucional. No es un mero formalismo. Busca que se conozcan de antemano temas y reglas de decisión. Hace poco la Suprema Corte de Estados Unidos revocó una consulta que proponía dividir en tres al estado de California, al considerar que no existía sustento constitucional para hacer una pregunta con tales características.
Asimismo, debe existir racionalidad en el tiempo de difusión entre el plazo en que se emite la convocatoria y se realiza la consulta. Este debe ser suficientemente amplio, a efecto de que los votantes puedan hacerse de una opinión informada. Los 15 días de plazo propuestos para la consulta del nuevo aeropuerto difieren de los más de 60 días que se otorgaron en el Plebiscito para la Paz en Colombia y en la consulta sobre el Brexit.
Un tercer aspecto tiene que ver con el equilibrio de las campañas y la opinión informada. Las autoridades tienen un “deber de neutralidad”. Esto se traduce en ofrecer la misma cantidad de información tanto a favor como en contra de la propuesta. Así, cabe recordar los comerciales del “sí” y el “no” en el plebiscito chileno, o bien la entrega de materiales “casa por casa” que hiciera el Instituto Electoral del Distrito Federal en todas las viviendas de la delegación Cuauhtémoc, en ocasión de la consulta sobre el Corredor Chapultepec.
El tema no es accesorio. Las autoridades suelen tener una opción preferida. De ahí la necesidad de que la convocatoria prevea instrumentos que equilibren puntos de vista que —de otra manera— se difundirían con un sesgo. El campo es fértil: Mitofsky encontró que apenas una de cada tres personas conoce los debates sobre el tema.
Un cuarto elemento tiene que ver con el principio de “una persona un voto”. Los ciudadanos deben tener oportunidades similares para emitir su opinión. Ello es fundamental para entender cómo se seleccionaron los 538 municipios en que se realizará el ejercicio. Cuatro de cada cinco municipios mexicanos no serán consultados. ¿Se preguntará su opinión a quienes residen en el extranjero?
Finalmente, es necesario considerar algunos elementos de índole electoral, incluyendo la neutralidad de la autoridad organizadora; las garantías al voto secreto; cómo se evitará que la gente pueda votar más de una vez (ya que no se utilizará listado nominal) y —la más importante— la entidad que procesará eventuales impugnaciones por quién considere violaciones a sus derechos políticos.
Más allá de lo que se decida, esta Consulta trazará la ruta para entender el pulso de los mexicanos en coyunturas complejas. Ojalá se establezca un marco legal de exigencia que garantice opiniones libres e informadas.