Porfirio Muñoz L.
“Paradójicamente el incremento de las salarios en México va a ser impuesto desde afuera. Esa es una de las contadas virtudes de la globalización y del USMCA”.
He escrito recientemente que las tres condiciones básicas para emprender la cancelación del ciclo neoliberal son: la reaparición del Estado en la regulación de los procesos económicos, el fin del saqueo de los recursos naturales y su entrega al extranjero —primordialmente los hidrocarburos— y la elevación consistente de los salarios en el corto plazo. Esta última es quizá la más importante e indetenible, ya que desde hace treinta años nuestra inserción en la globalidad comenzó por el sacrificio de los trabajadores. La abolición de un sistema colonial implantado desde Hernán Cortés basado en el extractivismo, el rentismo y la explotación salvaje de la mano de obra.
El Colegio de México ha publicado un estudio sobre la tremenda disparidad en los ingresos de los mexicanos. Señala que la pobreza ha crecido exponencialmente y afecta a la mayoría de la población. Peña Nieto ha afirmado que la “brecha salarial” entre las clases medias y la clase obrera ha disminuido. Esto es cierto pero el argumento es falaz. Lo que ha ocurrido es la contracción de los ingresos del estamento medio de la población, que se han derrumbado en proporción semejante a las remuneraciones más bajas. Este fenómeno es conocido como la “proletarización de las clases medias”. He probado que el incremento de los salarios mínimos repercute en cadena sobre todo el universo salarial; sea en su elevación o en su caída, según la política que se adopte.
Hace más de cuarenta años verificamos que 35% de la población se veía favorecida por el incremento de los salarios mínimos, tanto los trabajadores de las empresas privadas y los del gobierno, incluyendo a los de las Fuerzas Armadas, y con la sola excepción de los clérigos que disponen de otras formas de financiamiento. La CEPAL sostiene que México es el único país de Latinoamérica que disminuyó en el último lustro las percepciones económicas de la población y por lo tanto aumentó sustantivamente sus niveles de indigencia. Existe una relación directa entre la agudización de la pobreza y la política de retención salarial, que incluye el establecimiento inconstitucional de los topes contractuales también fijados por el gobierno. Un Estado represor que ha impuesto la pobreza por decreto.
La depreciación del poder adquisitivo de los trabajadores es consecuencia de una caída de los salarios mínimos que asciende a 82% en los últimos cuatro decenios. Esto ha sido posible por la “castración de los sindicatos” y la simulación de los contratos de protección. Más de 90% de las relaciones colectivas de trabajo son generadas por ese cáncer social instaurado para beneficiar a los empresarios, tanto como las evasiones fiscales. La tercerización laboral (outsourcing) ha permitido difuminar la responsabilidad de los empleadores. No obstante, la mayor traición al mandato constitucional ha sido cometida por el gobierno que entregó la cuestión salarial al Banco de México. Este obedece a una mentira tecnocrática que considera al salario como causa de la inflación.
Una de las razones más poderosas de la migración es la brecha entre los salarios básicos de Estados Unidos y los de México. Ese diferencial era de 5 a 1 en los años setentas y hoy es de 17 a 1, según un informe del Congreso Norteamericano. La negociación del USMECA está condicionada al incremento de los salarios a fin de proscribir el “dumping laboral”. Paradójicamente el incremento de las percepciones va ha ser impuesto desde afuera. Esa es una de las contadas virtudes de la globalización.
No existe proyecto viable de modernización que no ponga en el centro la elevación de los salarios y la recuperación de los derechos laborales. La política que se adopte al respecto definirá como ninguna otra el carácter progresista del nuevo gobierno. Es indispensable suprimir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Máximo espejo del “cochupo” entre el gobierno, las empresas y los sindicatos corporativos. Hemos propuesto desde hace muchos años la fijación de los salarios mínimos por la Cámara de Diputados, según el análisis que haga anualmente el Coneval sobre el deterioro del poder adquisitivo del segmento más pobre de la fuerza laboral. Ese ha sido y será mi compromiso irrenunciable con los trabajadores de México.