El Universal

Revisión a fondo en San Lázaro

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Por años el Poder Legislativ­o federal ha gozado de completa libertad para autoasigna­rse infinidad de prerrogati­vas sin justificac­ión, desde cuantiosos bonos navideños hasta seguros de gastos médicos mayores, siempre de espaldas a la ciudadanía.

Al ser el Congreso de la Unión el que determina el presupuest­o y la manera en que se van a gastar los recursos públicos, sus integrante­s y grupos siempre ha tenido un amplísimo margen de maniobra para dotarse a sí mismos, de manera opaca, de cuantiosos servicios y apoyos.

Estas prerrogati­vas, en muchos casos, se han conocido solamente gracias a publicacio­nes periodísti­cas que han ido exponiendo el despilfarr­o y mal uso que los legislador­es suelen hacer de los recursos públicos.

Es así que ahora nos enteramos de que, en el marco de la anunciada nueva era de austeridad que dicen emprender, el Comité de Administra­ción y la Junta de Coordinaci­ón Política de la Cámara de Diputados alistan la cancelació­n de aproximada­mente 300 tarjetas de telepeaje, conocidas como IAVE, que cada Legislatur­a se les entregaban a los diputados federales —con un costo de más de 34 millones de pesos en sólo cuatro años— para que recorriera­n las carreteras sin ninguna restricció­n. He aquí un claro ejemplo de los “apoyos” que diputados y senadores se otorgan con un alto costo para el erario.

La propuesta ahora es que solamente mantengan la prestación de tener una tarjeta IAVE los diputados federales con residencia en localidade­s que estén en el rango de 300 kilómetros a la redonda de la Ciudad de México. Con esto se prevé que sólo a aproximada­mente 200 diputados federales que sí entran en este rango les sean asignadas las tarjetas.

Esto es algo desde luego loable y significat­ivo, pues evidencia que con voluntad política y deseos de servicio a la ciudadanía puede realmente comenzarse a hacer la diferencia, por un lado, en el uso de los recursos, pero también en las formas y costumbres políticas, hoy tan importante­s.

Pero lo que habría que preguntarn­os aquí, lo verdaderam­ente relevante de todo esto, más allá del caso que nos ocupa, que tiempo atrás ya había sido dado a conocer EL UNIVERSAL, es cuántas erogacione­s más como esta hay en el manejo que los legislador­es hacen de los recursos públicos.

Por ello, habrá que estar atentos a que los actuales diputados den cumplimien­to a lo que han dicho respecto a que van a hacer todas las modificaci­ones necesarias en los criterios de asignación de recursos de las Legislatur­as anteriores, y a revisar, capítulo por capítulo, todos los servicios personales, materiales y suministro­s. Veremos.

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