Retos de los trabajadores en la transición
Las amplias expectativas entre los trabajadores se desvanecen con las definiciones y propuestas de AMLO y Morena sobre salud y seguridad social, contrarias a compromisos electorales, que afectan derechos de los trabajadores, efectivamente la iniciativa de legalizar la reducción de las pensiones con la aplicación de las Unidades de Medidas de Actualización, continuar con los privilegios de las Afores y las propuestas para entregar el IMSS y el ISSSTE a panistas y priistas, así como los contradictorios planteamientos sobre salud, vienen generando inconformidad y confusión.
El 27 de septiembre el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presentó la regresiva iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al margen del amplio movimiento, que en los últimos 10 años superó los 2 millones de demandas de amparo, y a lo largo del país trabajadores y jubilados han reclamado la restauración del régimen redistributivo de la seguridad social y el cumplimiento estricto del Artículo 123 de nuestra Constitución. Conducta que continúa la política antidemocrática del PRD y Morena en las Comisiones de Seguridad Social en el Senado y en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, con las iniciativas del Pensionissste y la tabla de enfermedades del IMSS, que se negaron a escuchar a los afectados.
El cambio profundo que reclama la sociedad inicia por los criterios para la conducción de las instituciones que deben materializar las transformaciones que requiere el país, ante lo cual la designación de diversos personajes contrarios a sus postulados de campaña ha generado rechazo generalizado, tal es el caso de Educación con Moctezuma Barragán y de seguridad social con Germán Martínez Cázares (PAN), Luis Antonio Ramírez (PRI) (EL UNIVERSAL 27/08/2018), que están identificados como promotores de las reformas neoliberales que Morena dice combatir.
Las manifestaciones realizadas en rechazo de estas propuestas han demandado al próximo gobierno congruencia y atender las propuestas y consideraciones sobre las políticas de trabajo, salud y seguridad social que se vienen desarrollando, en particular sobre que los responsables de las instituciones, que tengan trayectoria en el sector, conocimiento y posiciones alternativas a las políticas derrotadas el pasado 1º de julio.
Es necesario reconocer que el futuro gobierno se encuentra amenazado, por un lado, por la élite económica que ha incrementado sus presiones para mantener sus privilegios y, por el otro, la carga económica de la “herencia maldita”, la escandalosa deuda pública, las concesiones fiscales a grandes capitales, recorte al gasto público, privatización y desmantelamiento de empresas públicas y derechos sociales. Además, las ilusiones de amplios sectores de trabajadores y grupos de que el gobierno realizará los cambios ha frenado su participación con propuestas y revisión crítica de la continuación de políticas antipopulares.
El análisis del presupuesto para la reactivación económica y el fortalecimiento del empleo y los derechos sociales obligan a que la clase trabajadora actúe como siempre lo ha hecho, confiando en sus propias fuerzas, levantando las demandas de la revaloración del trabajo, por la restauración de régimen público de la seguridad social y la recuperación de las empresas públicas para el desarrollo nacional y la justicia social. Es urgente la realización de un diálogo nacional sobre el empleo, el cambio de la política económica y la democratización nacional. Un reto fundamental de los trabajadores es la recuperación de sus organizaciones del charrismo sindical, erradicar la corrupción, el clientelismo y el mercantilismo, recuperando la autonomía frente al gobierno y la independencia de los partidos políticos.