Derecho a la identidad
De nueva cuenta, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Fepade una denuncia ante una nueva filtración del padrón electoral, que estaba a la venta a través de la plataforma YouTube.
La información fue ubicada por la PGR y eliminada del ciberespacio, procediendo posteriormente, a ubicar y catear el lugar desde el cual se realizaba esta operación, incautando diversas computadoras, sin detener a ninguna persona.
El Instituto aseguró que la filtración del padrón no fue interna, sino que era una copia de los documentos que entrega a partidos, sin especificar a la organización partidaria responsable.
Independientemente del necesario deslinde de responsabilidades y de las sanciones que de ello se deprendan, el hecho pone en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de las instituciones públicas en el manejo de la información y las bases de datos públicas, que contienen, como es el caso, los datos personales de cerca de 91 millones de personas, que el INE está obligado a proteger.
Al mismo tiempo, este nuevo episodio, obliga a revisar el estado que gurda la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, la cual, 28 años después de la reforma constitucional que establece su expedición ha fracasado, dejando en manos de la autoridad electoral, la expedición de una credencial de elector que se ha convertido en el principal documento de identificación en el país.
El 6 de abril de 1990 se publicó en el DOF el decreto de reforma constitucional que creó al IFE y al Registro Nacional de Ciudadanos responsable de expedir la Cédula de Identidad Ciudadana. Al mismo tiempo, el artículo segundo transitorio de este decreto establece: “En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”.
Tres décadas después de esta reforma, los ciudadanos siguen inscribiéndose en los padrones electorales, que el INE elabora y administra en forma exclusiva y solo con fines electorales, al tiempo que seis gobiernos sucesivos han invertido miles de millones de pesos en proyectos para emitir la Cédula de Identidad y modernizar los registros civiles, que han fracasado, a diferencia del INE, el que, cabe reconocer, ha invertido de manera exitosa miles de millones de pesos de 1990 a la fecha, en integrar padrones electorales confiables y expedir las credenciales para votar.
Así, lejos de contar con una Cédula Única de Identidad, desde 1993, tenemos la credencial con fotografía del INE, que es usada como documento de identidad y es aceptada como prueba de identidad, sin ser un documento que haga prueba plena, y que como he señalado, la autoridad electoral no ha podido salvaguardar los datos personales de los ciudadanos inscritos en los padrones y listas de electores, sin desconocer la responsabilidad que compete a los partidos políticos, los que tienen acceso a la base de datos del INE y reciben los listados nominales de electores, con las consecuencias negativas que ya hemos visto, al menos en cinco ocasiones en los últimos años, en que la lista de electores ha sido puesta en venta a través de internet.
A lo que se suma el hecho de que la credencial para votar no tiene la calidad constitucional ni legal de documento de identidad, es decir, no hace prueba plena de identidad, por lo que es urgente cumplir con la disposición constitucional para integrar y poner en funcionamiento el Registro Nacional Ciudadano y expedir la Cédula de Identidad Ciudadana.
Para ello, es necesario que los instrumentos y las bases de datos con los que cuentan el INE y la Secretaría de Gobernación sean armonizados y puestos al servicio de la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, esa tarea es de la mayor importancia y deberá ser atendida desde el inicio del próximo gobierno para garantizar un derecho humano fundamental: el derecho a la identidad.