Esconder la cabeza en la arena
La semana pasada se celebró en Washington una reunión de los gobiernos mexicano y estadounidense con sus contrapartes de Guatemala, El Salvador y Honduras para hablar de seguridad, desarrollo y migración. Concluyó a horas de que trascendiera que Estados Unidos amaga con repetir —a pesar del oprobio interno y mundial— la instrumentación de medidas punitivas de separación de menores de sus padres cuando éstos son detenidos o se entregan solicitando refugio a las autoridades migratorias de EU en la frontera con México. Esta decisión infame se da camino a los comicios legislativos de noviembre, con el trasfondo de la narrativa de Donald Trump que equipara a mi grant es con criminales y a refugiados con terroristas y con la tracción y alcahueteo de una política migratoria nativista y xenófoba como motivador del voto durotrum piano. Y con una nueva cara van ad emigrantes centroamericanos, que arrancó con 160 personas en Honduras y que ayer, ya hinchada a más de mil 600, cruzó a Guatemala camino a nuestro país, se vuelve perentorio preguntarnos si el estatus quo vigente de cómo ha encarado México el doble reto —frente a EU y ante Centroamérica— de la transmigración es sostenible. No se trata solamente de sopesar lo hecho hasta ahora; las respuestas serán cruciales en lo que ineludiblemente vendrá a partir del 1 de diciembre en las agendas bilateral y regional del próximo gobierno mexicano con EU.
La migración centroamericana es desde hace tiempo un grosero y lacerante recordatorio de que México no aplica a su interior lo que demanda y pregona para los suyos en el exterior. Violaciones constantes de derechos humanos de transmigrantes, junto con la falta de banda ancha institucional del INM y la Comar, han agravado una especie de “leyenda negra” que daña a México en el mundo, tanto con tirios como troyanos. Unos, los sectores antiinmigrantes de EU que argumentan que carecemos de autoridad moral para exigir allá lo que no garantizamos en territorio propio. Los otros, países latinoamericanos, ONG y organismos internacionales que nos denuncian, sobre todo desde el verano de 2014 cuando México aceptó —sin nada a cambio— convertirse en dique de la migración centroamericana. Desde entonces, México ha venido repatriando, en violación de nuestras obligaciones internacionales en materia de refugio y asilo y por medio del proverbial “cajuelazo”, a centroamericanos con razones fundadas para temer por su vida. Es en este contexto que además se ha dado en meses recientes la discusión entre los gobiernos de México y EU —y con ONG en ambos países— en torno a la propuesta estadounidense de un “acuerdo de tercer país seguro” (como el que mantiene EU con Canadá) que trasladaría a México la responsabilidad de examinar solicitudes y eventualmente conceder asilo a quienes primero ingresen a territorio nacional en su objetivo de llegar a EU para solicitar ahí refugio.
No hay soluciones fáciles ni curitas o parches a los retos reales y las disyuntivas que enfrenta México en esta materia. Y la discusión en torno a un acuerdo de tercer país seguro no es una de blanco o negro. Sí, México dista mucho de serlo, como lo muestran las historias de terror cotidianas que viven innumerables transmigrantes, víctimas de la rapacidad y corrupción de autoridades y a la merced del crimen organizado. Y privilegiar estrategias puramente disuasivas, como la deportación, no pueden ser el ancla de una estrategia integral que ataque de raíz los problemas de inseguridad y falta de oportunidades de nuestros vecinos al sur, tal y como lo ha articulado la agencia de cooperación internacional de la SRE (Amexcid) o como lo tiene claro el equipo de transición. Pero la máxima que muchos en México adoptan de los tres monos sabios de “nada oigo, nada veo y nada digo” con respecto a lo que se nos viene encima es la posición default del avestruz y augura desencuentros y choques con la visión que hoy impera en la Casa Blanca. Diseñar una estrategia que denuncie las políticas que se están instrumentando en la frontera de EU con México, que fije quid pro quos claros a la cooperación y responsabilidad compartida mexicanas con Washington y que ayude a transitar hacia un paradigma propio que respete nuestras obligaciones internacionales, fortalezca nuestras instituciones, facilite la movilidad laboral y diseñe protocolos y mecanismos para la protección humanitaria, es tarea inaplazable.