Janine Otálora
“Hasta el momento hay una mayor incursión de las mujeres en los espacios públicos, sin embargo, no se ha logrado un cambio en los patrones socioculturales”.
Hoy conmemoramos que, desde hace 65 años, todas las niñas que nacen en nuestro país cuentan con el reconocimiento del derecho constitucional de votar y ser electas, que estarán en aptitud de ejercerlo, una vez que hayan cumplido los 18 años.
Hoy conmemoramos que, hace apenas 65 años, las mujeres comenzamos a participar en los espacios públicos de deliberación y decisión, que somos relevantes en términos políticos, y que somos valiosas para el Estado.
La reforma constitucional a la redacción del artículo 34 fue sorprendentemente sencilla y da cuenta de las ideas que subyacen al lenguaje jurídico, y de la diferencia que surge cuando se decide nombrar, ver y reconocer a las personas como sujetos de derechos.
Lo único que se hizo fue incluir “varones y mujeres” a la frase: (s)on ciudadanos de la República todos los (varones y mujeres) que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos […].
Ya en 1916 Hermila Galindo señalaba que las mujeres deben ser partícipes de las decisiones de la sociedad, para poder obedecerlas. Con sus planteamientos, presentados en el marco del Congreso Feminista de Yucatán, esta luchadora social no hizo sino recordar lo sabido por todas y todos: la mayor seguridad que ofrece el Derecho procede, además de los procedimientos para su emisión, de la participación, es decir, mediante el uso de las mayorías y de la identidad entre creadores del derecho y sujetos destinatarios del mismo. Su reclamo sigue vigente, porque aun hoy, en el aniversario 65 del reconocimiento del voto femenino, las mujeres no contamos con las mismas posibilidades de participar en la toma de decisiones políticas.
Por ello sigue vigente el problema de la ausencia y falta de representación efectiva de las mujeres en los espacios públicos. Las medidas implementadas hasta el momento han permitido una mayor incursión de las mujeres en los espacios públicos, sin embargo, no han logrado un cambio en los patrones socioculturales.
Cada vez queda más claro que la paridad que logramos en la integración del Congreso de la Unión y en muchos de los espacios legislativos y de ayuntamientos debe materializarse, primero, en la discusión pública y legislativa, y, después, en las políticas públicas encaminadas a la construcción de la igualdad y del ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas. Necesitamos, a través de proyectos concretos, trabajar para fortalecer la representación y participación política de las mujeres en las comunidades indígenas, reducir la violencia política de género y diseñar medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre muchos otros.
Ese es el trabajo que nos toca a las mujeres que nacimos con la reforma constitucional que reconoció nuestros derechos políticos. Así como nos beneficiamos del esfuerzo y compromiso de las mujeres que nos precedieron, honramos su memoria y mantenemos su labor para proteger, fortalecer y ampliar los derechos de las mujeres de las generaciones jóvenes. Juntas vamos a lograr que las mujeres que nazcan en este país, eventualmente, tengan las mismas posibilidades de influir en el destino global de la sociedad, como lo hacen los hombres, y solo van a recordar, en aniversarios como este, que algún día el ejercicio de sus derechos y la paridad fueron temas de debate.