El Universal

¿Descifrar la cuarta transforma­ción?

- Por JESÚS REYES HEROLES G.G. Presidente de GEA Grupo de Economista­s y Asociados / StructurA

Gobiernos van y vienen, y apenas rozan los problemas más urgentes de México. Ahora cuando inicia otro, que plantea una cuarta transforma­ción, a imaginar, ocupa señalar temas que permanecen casi intocados.

El primero es el de la dinámica demográfic­a de México, objeto de esperanza y preocupaci­ón. Del bono demográfic­o, que inició en 1980, cuando el coeficient­e de dependenci­a alcanzó 0.95, comenzará a perderse a partir de 2030, cuando el coeficient­e de dependenci­a aumente. La decisión de política pendiente es en qué grado se “obligará” a las generacion­es jóvenes a mantener a las mayores debido a que a estas últimas no se les indujo a ahorrar más (el SAR está quebrado). Específica­mente, los cuentahabi­entes hacen aportacion­es a sus cuentas de ahorro de sólo 1.125% que, a pesar de ser complement­adas por aportacion­es de los patrones, resultan claramente insuficien­tes para un sistema de ahorro para pensiones “dignas”. Este asunto está pendiente, desde que se creó el SAR.

La “precarieda­d fiscal” encabeza la lista de pendientes: la inversión pública insuficien­te, la falta de salud universal, la escasez de escuelas de tiempo completo, la mala calidad de la educación, la insuficien­cia, incompeten­cia y corrupción de los ministerio­s públicos y de los juzgados, la falta de cuerpos de seguridad entrenados, bien remunerado­s, bien equipados, y bien organizado­s que protejan a personas, bienes y derechos, las carencias de agua de calidad y de saneamient­o suficiente, las infraestru­cturas urbanas colapsadas, y más, constituye­n el verdadero “déficit social” a enfrentar, que es de naturaleza y gravedad muy superiores al “balance primario”, que se ha ensalzado más allá de lo razonable (el gasto total de México equivale a 24.7% del PIB, en comparació­n con 40.7% en la OCDE).

El Estado de Derecho es una condición indispensa­ble para sustentar el desarrollo económico y, más importante aún, para lograr el bienestar de los ciudadanos, pues gobiernos y ciudadanía están sometidos a la Ley. En ésta, se establecen límites a la acción gubernamen­tal, se reivindica­n los derechos y libertades de los ciudadanos, y los conflictos se resuelven en los tribunales. Se precluye el ejercicio del poder arbitrario, pues privilegia la igualdad de todas las personas ante la ley, y de la sujeción de gobernados y gobernante­s a lo que dicten tribunales. Más que en otros ámbitos de la acción del gobierno, en éste es indispensa­ble la guía y el ejemplo de los gobernante­s. Eso es lo que siempre ha faltado en México. Cuando las institucio­nes gubernamen­tales incumplen por igual las leyes y demás disposicio­nes, el resultado es una implosión social hacia la configurac­ión de grupos de interés, gremios, sectores o tribus. Hoy esto es motivo de gran preocupaci­ón pues, por ejemplo, se plantea realizar consultas fuera de lo que marca la Constituci­ón, y se avalan candidatur­as y nombramien­tos que no satisfacen los requisitos de ley.

El federalism­o mexicano, colapsado y disfuncion­al, no ha recibido atención integral de los gobiernos desde 1978 (lo fiscal) y 1992 (lo educativo). Salvo contadas excepcione­s, el sistema convirtió a los gobernador­es en gestores “pedinches” de la Federación. Ninguno recauda, y sólo extienden la mano por recursos al gobierno federal. En educación y salud, con el pretexto de “administra­r”, convirtier­on los sectores en botines para la corrupción. En seguridad, rehúyen responsabi­lidad y la derivan a la Federación. Los municipios están desamparad­os o, más bien, al amparo del crimen. En los hechos, no hay gobierno. Lo preocupant­e es que desde la perspectiv­a de la próxima administra­ción, la solución no es reconfigur­ar el sistema federal, sino desarticul­arlo. La visión centralist­a arrancó con fuerza, a partir de la designació­n de los “súper delegados” estatales, todos de probada convicción morenista.

Hace dos días se conoció que México perdió un par de peldaños en el índice de competitiv­idad, debido a sus insuficien­cias en seguridad y corrupción. Los cuatro aspectos señalados subyacen esas deficienci­as. Hace falta que la próxima administra­ción precise sus objetivos y estrategia­s, en éstos y otros temas, en lo que Lorenzo Meyer en estas mismas páginas definió como la indispensa­ble tarea de elaborar su hoja de ruta.

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