Aeropuerto, lo que se juega
Colocados en el fiel de la balanza los riesgos de cara al sí o no al aeropuerto en la zona de Texcoco, éstos apuntan, en ambos casos, a un escenario peligroso. Desde un ángulo está en juego un desastre ambiental, y desde otro la confianza de la inversión privada nacional y extranjera en el nuevo gobierno
Desecada la laguna artificial Nabor Carrillo, una suerte de área de contención construida en 1982 frente a las polvaredas hacia la zona oriente de la Ciudad de México, se quebró, en paralelo, el dique contra inundaciones en la zona.
La única posibilidad de atenuar el riesgo sería hacer una obra similar aprovechando el espejo de agua en la zona de Chalco conocido como laguna de Xico.
El costo elevaría en 100 mil millones de pesos la factura del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Del otro lado de la moneda, el rechazo a un proyecto que lleva un avance de 30% abriría la puerta a una campaña de desprestigio hacia el nuevo gobierno, por más que éste busque la forma de canjear los contratos de cara a la reconfiguración de las terminales de la Ciudad de México y Toluca, y la construcción de dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango.
De hecho, estaría latente una catarata de demandas ante tribunales nacionales e internacionales.
El punto de quiebre que provoca la protesta de ambientalistas y pobladores de los municipios aledaños fue la decisión de modificar la ruta original que frustró la protesta de los habitantes de San Salvador Atenco, ante la cual el presidente Vicente Fox decidió la cancelación.
El descontento no apuntaba a la depredación ambiental, sino al precio ofrecido por las propiedades ejidales.
El escenario enfrentaba dos posibilidades: Atenco y Tizayuca, avalada ésta por Aeropuertos de París.
La nueva alternativa obligó a ofrecer solidez a la tierra pantanosa vía un relleno de miles de toneladas de cascajo, tezontle y otros elementos, con la novedad que de acuerdo con los expertos, ni así se impediría un hundimiento anual de hasta 40 centímetros, colocando en peligro de inundaciones a las zonas aledañas.
En paralelo, a más del costo colosal del proyecto, éste creció de cara al relleno en caravanas interminables en la carretera Peñón-Texcoco, con el agravante que los cambios se justificaron por cuestiones de paridad peso-dólar… cuando los contratos se pactaron en pesos.
A ello se integra el análisis de “México Evalúa” que concluye que no se propició un ambiente de real competencia para licitar los contratos.
Lo cierto, aunque al final del día la obra se concesione a particulares, es que el aval a Texcoco provocaría una ola de indignación de opositores, en un escenario de frustración. Del otro lado de la moneda, se calificaría de arbitrario al nuevo gobierno, atribuyéndole cualquier movimiento brusco de los mercados que pudiera darse.
Naturalmente, la encrucijada no estaría en la mesa si el gobierno actual hubiera abierto el proyecto al escrutinio.
Balance general. La quiebra de Casas Geo, cuyo escenario lo documentamos el martes pasado en este espacio, está provocando una guerra civil entre los bancos, colocando en el banquillo al Mercantil del Norte, Banorte.
En la trinchera de enfrente están Citi-Banamex, Scotiabank, Inbursa, Santander y Nacional Financiera.
De hecho, se planteó ya una demanda ante el juzgado 36 de lo Civil de la Ciudad de México, apuntando hacia la sociedad financiera de objeto múltiple Sólida Banorte.
El escenario habla de que ésta se apropió de los activos de la impulsora de vivienda en desgracia, es decir casas construidas y a medio construir, además de terrenos.
A la salida del concurso mercantil a que se acogió Geo se restructuró la deuda con un canje accionario a favor de los bancos acreedores.
Como lo contábamos, Banorte, en la emergencia, sustituyó a su director general de Crédito y Riesgos, Guillermo Chávez, por Carlos de la Isla. Sin embargo, queda la duda de sí la oficina le seguirá manejando Graciela Corrales.
Rechazan constructoras. De acuerdo con una encuesta realizada por Bimsa Reports, filial de Odela-Roquette, 63% de una muestra de empresas constructoras del país estaría en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
En el caso concreto de micro y pequeñas, el porcentaje es de 63%.
En el caso de las medianas, el porcentaje de rechazo se eleva a 70%, alcanzando 68% entre grandes y gigantes.
La pregunta base plantea si se está de acuerdo en que las obras para el nuevo aeropuerto se cancelen para construir una nueva en la Base Militar de Santa Lucía.
Ahora que la distancia es menor cuando se les pregunta si están de acuerdo en que la decisión sobre la continuidad de las obras se tome en base en una consulta popular.
En este caso, 53% dice no, y 47% sí.
Manipuleo informativo. En un comunicado enviado por el fondo Moench Coöperatief, que representa Luis Doporto Alejandre, se señala que con la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre la presunta compra a tras mano de 50% del capital de la distribuidora de medicina Marzam por parte de su similar Nadro, “se confirma la legalidad y validez de la adquisición por parte del propio fondo”.
Más aún, se aduce que la ausencia de sanciones confirma la legalidad y validez de la adquisición.
Sin embargo, el documento de la Cofece señala que el fondo y Doporto están obligados a demostrar que la adquisición no involucró a Nadro, firma de Pablo Escandón Cusi. Si no hubo sanción, fue porque el fondo se acogió al derecho de dispensa.
Dado que la investigación no llegó a culminarse, la ley no permite imputar responsabilidad.
Sin embargo, la resolución señala a la letra que encontró “ciertos indicios que apuntan a un esquema de financiamiento y garantías contractuales que bajo determinados supuestos pedirían entregar a Nadro el control de la empresa Marzam”.
De no demostrar lo contrario, el fondo sería multado con el equivalente a 8% de sus ingresos actuales.
El caso reviste mayor gravedad, dado que se le pidió a la Cofece autorizar la operación bajo el supuesto de que el fondo había sido el adquiriente, lo que no implicaba afectación alguna al mercado de distribución de medicinas en materia de concentraciones.
Sin embargo, si como lo señalan los Papeles de Panamá, en cuyo marco se habla de una triangulación de recursos hacía una empresa radicada en un paraíso fiscal por parte de Marina Matarazzo esposa de Escandón, se habría creado un gigante en el sector.
Quien distribuyó el boletín de la manipulación fue la agencia Zimat.