El muro que AMLO le prometió a Trump en la frontera sur
En las negociaciones del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, los enviados de Andrés Manuel López Obrador abordaron temas que trascienden el ámbito comercial, pero que son de primera importancia para el presidente Donald Trump.
Los dos más relevantes —y que fueron negociados por Marcelo Ebrard— tienen que ver con seguridad y migración. Sobre estos asuntos despotricó ayer el presidente de EU en un mensaje vía Twitter. “El crimen o las drogas que ingresen al país son mucho más importantes que acuerdos comerciales como el USMCA (T-MEC)”, dijo Trump.
“Debo pedir a México, en los términos más enérgicos, que detenga este ataque; si no puede hacerlo, llamaré al ejército para que cierre nuestra frontera sur”, agregó en referencia a la caravana de más de 2 mil hondureños que se dirige a Guatemala y cuyo destino final es Estados Unidos.
En esta coyuntura, el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunirá hoy con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
El mensaje que transmitirá el futuro secretario de Relaciones Exteriores al segundo de abordo de Trump es que los integrantes de la caravana no podrán entrar al país si no cuentan con una visa o solicitud de refugiado; y aun cuando ingresen por esa vía, no significa que tendrán facilidades para llegar a EU. Sin embargo, el tema de fondo, que se asegura acordó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con Donald Trump, es que la migración será ‘resuelta’ con un ‘muro de inversiones’ en la frontera.
Así se refieren algunos integrantes del equipo de AMLO a los proyectos de infraestructura y energía que planea desarrollar el nuevo gobierno en el sureste mexicano, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, los cuales requerirán inversiones por más de 500 mil millones de pesos.
“Es un hecho que el presidente electo va a impulsar los proyectos que anunció en el sureste porque fue un acuerdo que hizo con Estados Unidos para contener la migración de Centroamérica”, dijo una fuente del grupo de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky. López Obrador no ha dicho cuántos empleos planea generar con los proyectos de infraestructura en el sureste, pero el primer reto al que se enfrentará el presidente será el de privilegiar la mano de obra mexicana sobre la extranjera.
Hace unos días, la encuestadora De las Heras-Demotecnia reveló que 86% de la población de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco tiene la expectativa de que la generación de empleos será mejor con proyectos como el del Tren Maya.
Según el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López, con la refinería Dos Bocas se generarán entre 8 mil y 10 mil empleos directos, así como 6 mil indirectos.
El proyecto del Tren Maya aún no tiene estimaciones de generación de puestos de trabajo, pero como referencia el interurbano México-Toluca creará un promedio de 17 mil 500 empleos directos y 35 mil indirectos.
A principios de octubre, el presidente electo de México habló con Donald Trump. Según lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, acordaron una inversión conjunta de más de 30 mil millones de dólares para estimular el empleo. Fue una declaración ambigua, pero se refería a los proyectos de inversión que se van a echar a andar en el sureste mexicano y cuya inversión es, en pesos mexicanos, muy cercana a la que se anunció por parte del gobierno en los proyectos de la refinería de Tabasco, el Corredor Transístmico y el Tren Maya: 500 mil millones de pesos.
El escándalo de Veolia. El proyecto para construir la primera planta de Termovalorización de la Ciudad de México, la cual aprovecharía los Residuos Sólidos Urbanos para generar alrededor de 965 mil MWH de energía al año, tiene sus días contados. Y todo porque ninguno de los beneficios con los que el gobierno de Miguel Ángel Mancera presentó la obra coinciden en materia económica, medioambiental ni social.
Apenas el 4 de octubre, la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa local, que preside Yasmin Esquivel Mossa, declaró la suspensión del contrato DGIARSU-2017-DTDFRSU-PS-LP-068, signado el 9 de mayo de 2017 con las empresas Proactiva Medio Ambiente México, SA. De C.V. y Termoenergía CDMX Holding, S.A. de C.V., quienes se adjudicaron un Contrato de Prestación de Servicios a Largo plazo mediante la Licitación Pública DGSU/3000/LP-006-PS-DTDF/2016.
Corresponde ahora a las firmas proveedoras, y principalmente a su holding francesa Veolia Enviroment S.A., demostrar que los más de 80 mil 600 millones de pesos que pagaría el Gobierno de la Ciudad de México para la operación de la planta durante 30 años serían benéficos para los capitalinos; de lo contrario procederá la cancelación total.
Los números pintan un panorama negro para la proveedora, pues será difícil explicar la razón por la que la administración de Mancera se comprometió a pagar del erario, durante tres décadas, un precio superior a los 120 dólares por Megawatt por Hora (MWH),si se considera que en las más recientes subastas de la CFE nunca se ha pagado un MWH por arriba de los 60 dólares.
En materia ecológica se denunció que el proceso que Veolia pretende implementar para la generación de energía consiste simplemente en la incineración de los residuos a temperaturas de entre 350 y 480 grados centígrados, situación que produce cenizas altamente tóxicas que deben ser transferidas a otro lugar para su desecho final.
Dicho proyecto, aplaudido por la Semarnat, a cargo de Rafael Pacchiano, daría solución a la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos de la CDMX. Sin embargo, la medida atendería únicamente a 4.7% de los residuos de la capital, una solución poco efectiva y extremadamente costosa.