El Universal

El poder de las mujeres

- Por PORFIRIO MUÑOZ LEDO Presidente de la Cámara de Diputados

Con motivo del 65 aniversari­o del otorgamien­to de derechos políticos a las mujeres se han suscitado rememoraci­ones históricas y reflexione­s sobre el futuro. El Instituto Nacional Electoral me invitó a discurrir sobre el tema. Afirmé que la participac­ión política de las mujeres se remonta a la era matriarcal en la que los hombres se dedicaban a la recolecció­n y a la caza, mientras las mujeres ejercían el poder en la comunidad. En la antigüedad —cuando los varones se dedicaban exclusivam­ente a la guerra— se implantaro­n reinados de mujeres, como Cleopatra. Hay evidencias de que grandes gobernante­s de la historia han sido del sexo femenino. Lo que ocurrió tanto en las monarquías absolutas, como en las constituci­onales. El caso de España es prototipo: Isabel la Católica tomó decisiones que cambiaron al mundo y con Isabel II se derogó la Ley Sálica, que impedía la sucesión por grado femenino.

A partir de la guillotina que cercenó la cabeza de María Antonieta y de la Revolución Francesa, se instauró una democracia censitaria que sólo concedía el derecho al voto a los varones mayores de 25 años y con bienes de fortuna. Hasta finales del siglo XIX surgió el movimiento sufragista que pugnó por el reconocimi­ento de las ciudadanas. Éstas tuvieron que remontar prejuicios machistas de la era victoriana y sólo mediante la lucha social lograron ascender en la política, así las sociedades mutuales y las huelgas que rechazaron los abusos del industrial­ismo.

En el caso de México todos sus congresos, hasta el Constituye­nte de 1917, estuvieron integrados exclusivam­ente por varones. Destacan las ideas del revolucion­ario radical Tomás Garrido Canabal que desembocar­on en la instauraci­ón del voto femenino en Yucatán (1923), en San Luis Potosí (1924) y Chiapas (1925). En 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa de reforma aprobada por el Congreso de la Unión y las legislatur­as de los estados. No obstante la declarator­ia nunca se expidió porque el PNR argumentó que el voto de las mujeres “podría verse influencia­do por los curas”. Lo que con el tiempo se ha demostrado que es falso. En 1953 el presidente Ruiz Cortines recuperó esa iniciativa. Cronistas de la época aseguran que lo hizo porque en los comicios en los que contendió contra el general Manuel Enríquez Guzmán fueron en extremo sanguinari­os. Pensó que el voto de las mujeres propiciarí­a la presencia familiar en las urnas, con lo que se erradicarí­a la violencia.

Reformas electorale­s sucesivas desde 1994 han promovido el acceso de las mujeres a los cargos de representa­ción, particular­mente por la vía plurinomin­al. El primer congreso paritario fue el Constituye­nte de la Ciudad de México. La actual Cámara de Diputados ha superado esa relación, toda vez que tiene 48.2% de mujeres frente al 51.8% de varones. Esa ecuación será capital para el remozamien­to de la Constituci­ón y leyes federales. Se dice sin embargo que el sexo femenino ha incrementa­do su representa­ción política, pero no su poder real. Estas líneas son un llamado a todas mis amigas para que declaren su independen­cia.

Aún hay un enorme déficit de la paridad en cargos públicos. Contamos con sólo dos ministras, sobre once en la Suprema Corte; hay solamente una titular de los nueve organismos constituci­onales autónomos; tres mujeres —sobre 32— en las gubernatur­as de las entidades federativa­s y el 25% de los ayuntamien­tos son presididos por mujeres. En las fuerzas armadas sólo hay tres generalas. La presencia femenina es muy escasa en los sindicatos y en los consejos empresaria­les. De la Iglesia, ni hablar; las mujeres sólo sirven para monjas. Recomiendo la lectura del dramaturgo Rafael Solana titulado: Debiera haber obispas.

Presentaré el martes próximo ante la Cámara de Diputados una reforma constituci­onal que busca reducir las brechas de género y pretende instaurar la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados. La agenda es más amplia y tendrá que cumplirse al paso del poder femenino. Incluye la obligación del Estado para combatir con todo su poder los feminicidi­os y la violencia de género, así como las reformas sustantiva­s en la cultura, la educación, la comunicaci­ón, la salud y la política con perspectiv­a de género. Tenemos la oportunida­d histórica de construir, más allá de las ideologías, un movimiento por la igualdad sustantiva

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