Lorenzo Meyer

“Para evitar la violación de los derechos humanos, deben crearse mecanismos de supervisión civiles de la actuación de las fuerzas de seguridad”.

“…[S]abíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación”, Lo anterior lo declaró Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Gobernación, a propósito de la crisis de violencia e inseguridad generada en los dos últimos sexenios (Sinembargo, 12/10/18).

Las cifras avalan a Encinas: 22 mil cuerpos sin identificar, casi 40 mil desaparecidos, un cuarto de millón de desplazados y asesinatos, que pasaron de 10,253 en 2007 a 25,340 en 2017.

En relación con la magnitud del problema de seguridad con que cierra su ciclo el antiguo régimen, los ciudadanos mexicanos deberíamos leer —está en la internet el breve, pero sustantivo Informe N° 69 sobre América Latina del Crisis Group, (CG), una ONG con sede en Bruselas, titulado Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, (11/10/18)—.

El CG juzga positivo el cambio político que se inició con la elección del 1 de julio y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de buscar una alternativa al callejón sin salida en que nos metieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto en materia de combate al crimen organizado. Consciente de la complejidad del problema, el CG empieza por advertir que a la alternativa propuesta aún le falta especificidad y que, en cualquier caso, las expectativas sobre sus resultados en el corto plazo, deben moderarse. Y es que, si bien las tasas de asesinatos en México fueron a la baja entre 1997 y 2007, a partir de la “guerra” contra los cárteles de la droga, estas cifras se han elevado de manera dramática y hoy ya superan a todo lo registrado en los últimos 20 años. En tales condiciones, es irreal suponer que cualquier nueva estrategia pueda llevar la curva ascendente de muertes asesinatos a su punto de inflexión y empiece a descender de manera rápida y sostenida. Las expectativas deben moderarse.

Para el CG, AMLO y su grupo tienen que asumir la flexibilidad como principio general y al operar sobre el campo, hacerlo con políticas ad hoc, según cada caso. Desde la perspectiva del CG, el fracaso de la estrategia de Calderón y Peña Nieto se explica, entre otras razones, porque simplemente y en todos los casos, se centraron en eliminar a las cabezas de las organizaciones criminales sin preocuparse por atacar lo sustantivo: sus raíces sociales. El resultado fue que, al desaparecer la autoridad central de los grandes cárteles, hubo consecuencias no previstas: en vez de la disolución de la organización criminal, ésta simplemente se dividió en docenas de grupos medianos o pequeños que, casi de inmediato, se enfrascaron en una violenta e interminable disputa por establecer su dominio sobre una parte del territorio, originalmente, bajo el control del gran capo. En cada caso, esos retoños malignos del tronco original han crecido y han desarrollado formas propias de operar —cultivo y comercio de drogas, trata de personas, cobros por “derecho de piso”, robo de combustible, asalto a transportes, secuestro, tala clandestina, y más— y en cada caso han desarrollado relaciones propias de control, reclutamiento y apoyo.

El CG sugiere que el nuevo gobierno mexicano debe partir de reconocer y actuar en relación con un hecho fundamental: su primer problema a enfrentar no lo representa el crimen organizado, sino las deficiencias dentro del propio aparato del Estado. Sin eliminar las ligas que hoy existen en todas las fuerzas de seguridad con los criminales, éstas nunca podrán operar con eficiencia. Desde luego se debe rehacer el eslabón más débil de la cadena institucional de seguridad: las policías municipales y, a la vez, reformar el modus operandi de las fuerzas federales, pero con tiento, para sortear una reacción adversa y la desmoralización en sus filas.

Para evitar la violación de los derechos humanos, deben crearse mecanismos de supervisión civiles de la actuación de las fuerzas de seguridad, castigar los casos emblemáticos de crímenes de Estado —Ayotzinapa, Tlatlaya—, proteger a los escalones inferiores de los abusos y acciones corruptas de sus comandantes, mejorar tanto su profesionalización como sus sueldos y prestaciones, derogar la Ley de Seguridad Interior y, poco a poco, hacer de la policía la fuerza principal del combate al crimen.

Finalmente, la clave para que el gobierno de AMLO logre recuperar el control de la seguridad mexicana, según el CG, está en la micropolítica, es decir, en el diagnóstico y manejo correcto de las peculiaridades del problema en cada zona y en el diseño individualizado de las medidas para resolverlo.

En vista de lo anterior, el CG apoya la decisión de echar a andar pronto las comisiones de la verdad regionales; son una vía para identificar las peculiaridades y necesidades para restablecer el orden en cada zona. CG también sugiere acudir a la ayuda internacional, pues el problema ya rebasó las capacidades de respuesta del Estado mexicano.

Al enfrentar a un crimen organizado ya robusto, Calderón y Peña Nieto echaron mano, en primera y no en última instancia, del mayor recurso del Estado, la fuerza y fracasaron. Empezar a deshacer tamaño entuerto es hoy la prueba inmediata mayor que enfrentan AMLO, su gobierno... y la sociedad mexicana en su conjunto. •