Operación “Regreso”: la ofensiva de Elba
La operación para concretar el regreso de Elba Esther Gordillo y la recuperación de su control del magisterio dio ayer sus primeros pasos. Por la vía legal, con una denuncia penal en contra de Juan Díaz de la Torre, secretario general del SNTE, y sus allegados Isaac Chertorivsky, Bernardo Quesada, Jessica Pereda y Juan Pablo Carranza, a quienes dos maestros afines a Gordillo acusaron ante la PGR de malversar “fondos de retiro” de los docentes por más de 20 mil millones de pesos, además de otorgar créditos con intereses excesivos al magisterio a través de una empresa privada (ETESA), que maneja una cobranza de hasta 50 millones de pesos.
Y por la vía política, para hoy martes está anunciada una movilización y concentración de maestros elbistas frente al Senado (“para que se eduque Monreal ”, dijo ayer un dirigentelo) con la que se busca detona r“un gran movimiento nacional” en contra de Juan Díaz de la Torre, a quien Elba Esther identifica como uno de los “traidores” que se su contra con el gobierno de presidente Peña Nieto para defenestrarla y arrebatarle el control del sindicato más grande y con mayores recursos de México y de América Latina.
En la denuncia presentada ayer ante la PGR, además del empresario y publicista Isaac Chertorivsky (padre de Salomón Chertorivsky, ex secretario del gabinete de Mancera en la CDMX) aparecen Bernardo Quesada, ex diputado de Nueva Alianza y quien fuera señalado por el Miami Herald en 2017 por comprar 17 condominios en la exclusiva zona de Brickwell con un valor total de 6.3 millones de dólares, además de Jessica Pereda, dueña de ETESA (Ediciones, Tratados y Equipos, S.A) que con sus filiales Aba coy la So fom“Re fácil” otorgabanp restamoslo mismo alSNTEqu ea laCN TE y recibía n contratos de dependencias como el ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud y más de 29 gobiernos estatales, y que fueron investigados y sancionados por la Condusef y por Hacienda por “cobros excesivos” y ocultamiento de tarifas e intereses en sus créditos.
Pero de todos los nombres que aparecen en la denuncia presentada por los maestros en activo Luis Pérez Pasten y Venancio Morales Zúñiga y elaborada por los abogados de Elba Esther, el nombre más delicado es el de Juan Pablo Carranza, dueño de la empresa “Kubo Maestro” y a quien acusan de manejar “un fondo para distribuir efectivo ilegal” en el SNTE hasta por 100 millones de pesos mensuales, cuyo origen y aplicación se pide investigar penalmente. Según cercanos a Elba Esther, Juan Pablo Carranza es el operador financiero “de confianza” de Juan Díaz y “Kubo Maestro” es la firma por la que se realiza una operación de “lavado de dinero” que maneja el sindicato magisterial.
Veremos que tan efectiva resulta la estrategia de Gordillo para acelerar su regreso al control del SNTE que ocurre en la víspera de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa resuelvan su demanda para ser reinstalada en la presidencia del sindicato, pero también justo cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habla de impulsar la “democratización de los sindicatos”, de que su gobierno no tendrá “consentidos ni protegerá cacicazgos” sindicales y anuncia una iniciativa de ley para hacer obligatorio el voto libre y secreto de los trabajadores sindicalizados para elegir a sus dirigentes. ¿Ese mensaje también aplica a la maestra?
NOTAS INDISCRETAS… Manuel Gómez Morín Martínez del Río, candidato a la dirigencia del PAN, envió ayer una carta en la que reconoce su relación personal y profesional con el empresario Ricardo Silva Padilla y la empresa TRESE, acusada de incumplir un contrato de 500 millones de dólares con Pemex y declarada en concurso mercantil: “Desde hace muchos años presto mis servicios como abogado a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios Especializados, S.A. de C.V, pero no soy su representante jurídico. TRESE me debe honorarios y por dicha razón, aparezco en su contabilidad como acreedor”. Luego refiere que el contrato otorgado a TRESE en octubre de 2013 no fue en el gobierno de Felipe Calderón, que ya había concluido. Y sobre la aparición de su cliente Ricardo Silva Padilla y de TRESE en los Bahama Leaks, lo explica así: “Es común en el sector, que una naviera abra empresas, sucursales o se alíe con agentes navieros locales en diferentes países con el fin de mantener los requisitos inherentes a su desempeño como operador”. Hasta ahí el resumen de la carta, de la cual se cita una versión más extensa en la versión de esta columna en internet... Sólo dos comentarios a Gómez Morín: efectivamente el contrato de 500 mdd a TRESE se otorgó en el primer año de gobierno de Peña Nieto, pero el proceso para su licitación y asignación comenzó desde el último año del gobierno de Calderón. Porque fue en el sexenio calderonista donde TRESE pasó de ser una empresa menor y sin experiencia en el campo petrolero a convertirse en contratista mayor de Pemex. Y sobre la aparición de su cliente en las listas de mexicanos que sacaron dinero del país, a paraísos fiscales, el nombre de Ricardo Alfredo Silva Padilla aparece documentado tanto en los reportes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como en los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción que incluyen al dueño de TRESE en la lista de 432 empresarios mexicanos que utilizaron ese mecanismo para ocultar dinero en Bahamas… Los dados mandan Escalera doble. Subimos.