¿Quién decide?
No pasó mucho tiempo desde las agotadoras elecciones de julio pasado y ya estamos metidos en otra contienda: la consulta que propuso el presidente electo, AMLO, sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). De nuevo, la experiencia polariza las posiciones y se actualizan los ánimos de militancia; el espacio público se llena de información y reflexiones. El aeropuerto es una obra necesaria, pero la opción de Texcoco es muy controvertida. La consulta es un mecanismo legítimo en las democracias, pero la que se realizará del 25 al 28 de octubre ha sido muy polémica: no es legal, pero tampoco es ilegal, dijo el Ing. Jiménez Espriú.
1.- La herencia. El NAICM es una obra que hereda el próximo gobierno. Es el aeropuerto que Fox quiso hacer y decidió cancelar en 2002, pero Peña Nieto retomó en 2014. Estamos ante un megaproyecto con graves impactos ambientales en la región oriente del Valle de México, no sólo en la zona del aeropuerto, sino de toda la región y en la Ciudad de México. La obra multimillonaria —que todos los días aumenta su valor—, se ha repartido entre cinco grandes compañías, ICA, Carso, Hermes, Gia, Grupo Ángeles, que tienen el 51% de la obra; además, el 70% de los contratos, unos 344, se han adjudicado de forma directa, sin concurso (torredecontrol.org).
2.- El aeropuerto y sus alrededores. En un reportaje Jenaro Villamil muestra que el verdadero negocio no es sólo la obra aeroportuaria, sino sus alrededores que ya son fuente de una importante especulación inmobiliaria. Lo que se ha llamado aerotrópolis, es un proyecto para un gran desarrollo urbano. Sumado a ello está el negocio de las casi 160 minas (arena, grava, tezontle, tepetate) que modifican la zona y afectan a muchos pueblos. Se ha llegado al extremo de tener venta ilegal de combustible (huachicol) para mover los cientos de camiones que mueven el material (Proceso, 2189).
3.- La alternativa. Desde la campaña electoral AMLO planteó cancelar el NAICM y desarrollar dos pistas en la base militar de Santa Lucía. Fue uno de los temas polémicos, con los grupos empresariales. La primera fase del debate fue entre financiamiento público o privado; una segunda etapa ha consistido en ver con más detalle los impactos ambientales que varios estudios consideran como un ecocidio; también se ha estudiado el problema de la viabilidad financiera del NAICM. El equipo de AMLO ha ampliado la opción y dice que la saturación del actual aeropuerto se puede enfrentar con un sistema de tres que incluye el aeropuerto de Toluca, Santa Lucía y el actual. Hay un movimiento contrario al NAICM que sintetiza su posición en la expresión #YoPrefiero ElLago. ¿La alternativa es mejor?
4.- La consulta. La polémica y los debates se han incrementado. Lo positivo es que se quiere escuchar la opinión ciudadana sobre una obra importante, lo cual no se había hecho. Sin embargo, el ejercicio ha sido muy criticado y varios de los argumentos tienen razón: no es legal; no será representativa; es parcial; sólo se instalarán 1,073 mesas en 538 municipios del país; se llegará al 82% de la ciudadanía; no es vinculante legalmente; no hay certeza de cómo se va a realizar; tiene una buena dosis de improvisación; se hace cuando no se han terminado de hacer los estudios técnicos sobre la compatibilidad entre Santa Lucía y actual aeropuerto. También hay argumentos especulativos, como que ya se decidió cancelar Texcoco y la consulta se usará para legitimar una decisión tomada. Se afirma que la decisión es responsabilidad de la autoridad, que para eso fue elegida, como si la democracia representativa se menospreciara por un ejercicio participativo que no está hecho con todas las de la ley. El Consejo Coordinador Empresarial ya dijo que no reconocerá el resultado de la consulta. A este complicado cuadro se le suma la incertidumbre de que junto a la consulta se hará una encuesta, la cual puede tener un resultado diferente al de la consulta. La mayoría de los ejercicios demoscópicos que se han realizado expresan una opinión favorable continuar con el NAICM en Texcoco. ¿Cuál será el resultado?
En suma, el problema de fondo permanece: ¿quién debe decidir este tipo de proyectos, la ciudadanía o el gobierno?