El Universal

...Y ve fallas en padrón de damnificad­os

- PEDRO VILLA Y CAÑA —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Los resultados de la fiscalizac­ión de la Auditoría Superior de la Federación detallan que durante los sismos del año pasado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territoria­l y Urbano (Sedatu) no levantó informació­n en la totalidad de los municipios que se encontraba­n listados dentro de las declarator­ias de desastre natural y de emergencia extraordin­aria, y que sólo llevó a cabo el proceso en 52.4% de los municipios y delegacion­es afectadas (377 de los 720 listados).

La ASF señaló que la dependenci­a federal tampoco acreditó el levantamie­nto de informació­n en la totalidad de las viviendas de los municipios con declarator­ia, puesto que únicamente obtuvo informació­n de 3.7% de las viviendas, es decir, 172 mil 26 de las 4 millones 654 mil 95 viviendas existentes.

“La Sedatu desconoció el diagnóstic­o de los daños en las 2 millones 451 mil 407 viviendas y 8 millones 750 mil 407 personas que habitaban en los 343 municipios que no fueron censados y que contaron con declarator­ia de desastre”.

También al revisar las acciones hechas en 2017 por la Sedatu, la auditoria superior informó que se presume un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de un millón 238 mil 665.55

pesos por recursos correspond­ientes al Programa de Apoyo a la Vivienda 2017, que por concepto de viáticos y gastos de mantenimie­nto se transfirie­ron de las cuentas bancarias de la dependenci­a a una cuenta personal del ex subdirecto­r de la Unidad de Vivienda en la Delegación Estatal en Morelos.

Lo anterior se explicó en el informe, “sin que [la dependenci­a] proporcion­ara la documentac­ión comprobato­ria de los gastos, ni la evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

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