Lorenzo Meyer

“La lucha en torno al NAIM es la lucha por decidir quién va a tener el poder y para qué”.

Al final, fue el factor político el que inclinó la balanza en relación a quién y en donde se edificará el nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM). Difícilmente hubiera podido ser de otro modo. La lucha entre el viejo régimen y lo que busca ser uno nuevo no se resolvió con la elección del 1° de julio, ese fue sólo un capítulo de una colisión que tendrá otros escenarios muy diversos.

La decisión de ubicar el NAIM en el ex lago de Texcoco la anunció el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) en 2014 y la respaldó con estudios técnicos y, sobre todo, con el apoyo de algunos de los grupos empresariales de interés —y de presión— más poderosos que hay en México, empezando por el del hombre más rico del país: Carlos Slim, cuyo yerno, Fernando Romero (47), se asoció con sir Norman Foster (83), arquitecto de fama mundial, para elaborar el diseño ganador de la obra. Y la obra se pensó en grande, como parte de algo que podría calificarse como Aerotrópolis.

De acuerdo con el proyecto original, el NAIM podría llegar a tener seis pistas, ser uno de los tres mayores aeropuertos del mundo con capacidad para 120 millones de pasajeros anuales (equivalente a la población de México en 2015) y servir como un polo de desarrollo económico, incluso dar vida a un bosque de 670 ha., etcétera. Su costo: 169 mil millones de pesos, (58% sería dinero público), (consulmex.sre.gob.mx/laredo/images/stories/docs/SCT/dan02416%20naicm-espaol.pdf). Sin embargo, para agosto de 2018, y con un avance del 30%, el costo había ascendido a 285 mil millones por la devaluación del peso.

Tras una consulta convocada por presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que no podía ni pretendía ser vinculante ni representativa —abarcó sólo 538 municipios— y en la que participaron un millón 67 mil ciudadanos, una mayoría —69%— favoreció cancelar el gran proyecto y apoyó otro más modesto, en Santa Lucia, y el reacondicionamiento de los aeropuertos ya existentes en la capital y Toluca.

Desde su campaña presidencial, AMLO se declaró contrario al proyecto de EPN y sus poderosos aliados empresariales. Por eso no debió sorprender que, tras la consulta, AMLO declarara que “obedeciendo” el mandato ciudadano, al asumir el poder cancelaría el plan peñanietista en favor del de Santa Lucia. El presidente electo hizo saber que, además del costo, había otras razones para la cancelación: el plan que ya habían trazado grandes capitales para aprovechar la obra y efectuar una magna especulación inmobiliaria alrededor de la misma, pues se proponían hacer del viejo aeropuerto —660 ha— algo similar a lo hecho años atrás en Santa Fe: una macro urbanización de lujo, (EL UNIVERSAL, 30/10/18). La maniobra especulativa también incluía terrenos aledaños al NAIM adquiridos o donados de tiempo atrás, cuando sólo unos cuantos sabían del proyecto, (Proceso, 14/10/18, Aristeguinoticias, 2/10/18).

Es verdad, como se ha señalado, que al NAIM lo respaldan estudios técnicos que avalan su viabilidad pese a lo blando del terreno y a que podría afectar la captación de agua para reabastecer los mantos friáticos que proveen el 67% del agua que consume la capital. Pero también es cierto que al diseñar el NAIM se desecharon estudios críticos, como el elaborado por la Comisión Nacional del Agua y que en octubre de 2012 presentó el ingeniero José Luis Luege Tamargo a EPN. Ese documento sostenía que sería un enorme error construir un aeropuerto en la zona federal del Lago de Texcoco porque pondría en riesgo su carácter de regulador hídrico y a la larga provocaría hundimientos e inundaciones no sólo del aeropuerto sino en la ciudad misma, (EL UNIVERSAL, 29/10/18).

Texcoco y Santa Lucía presentan, ambos, problemas y retos técnicos, pues este último también está en una zona lacustre, aunque su hundimiento sería menor que el del Lago de Texcoco. Sin embargo, a estas alturas el corazón del problema ya no es técnico sino político. Su resolución determinará en dónde va a estar no solo el NAIM sino el centro del poder político, ese que al decir de Harold Lasswell decide “quién consigue qué, cómo y cuándo” ¿Seguirá estando en manos de esos 16 multimillonarios cuyas fortunas se calcula que crecieron en promedio 20% en un año y que hoy suman algo más de 140 mil millones de dólares (Forbes, 6/03/18 y www.bbc.com/mundo/noticias-42583948)? o va a estar en las instituciones de un gobierno electo de forma democrática?

Con la elección del 1° de julio, se dio un golpe muy fuerte a la base partidocrática del viejo régimen, pero la plutocrática sigue intacta. La dura reacción del CCE, la Coparmex, el PRI, el PAN, Citibank, BBVA Bancomer, las calificadoras Fitch y HR Ratings, etcétera, muestra que esa base de la estructura de poder presidida por EPN, resintió el golpe.

Esta vez AMLO eligió el momento, el terreno y las condiciones del choque con esa parte de la élite del poder que por decenios fue parte integral de “los que mandan” en México. El resultado final de la confrontación podría determinar la naturaleza del proyecto del gobierno que se va a iniciar, a la manera del que ocurrió en 1935, a raíz del choque entre el presidente Cárdenas y el Jefe Máximo, por citar un ejemplo que dio paso a un cambio social sustantivo en el país. La lucha en torno al NAIM es la lucha por decidir quién va a tener el poder y para qué.

A estas alturas el corazón del problema ya no es técnico sino político. Su resolución determinará en dónde va a estar no solo el NAIM sino el centro del poder político