El Universal

Golpe de la Corte a AMLO

“Casualment­e”, tras la publicació­n en el Diario Oficial de la nueva Ley Federal de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos que topa los ingresos salariales en un límite no mayor a la percepción Presidenci­al, la Suprema Corte de Justicia prepara un golpe

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

De aprobarse la tesis elaborada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la empresa Telefónica Movistar le ganará un pleito al gobierno que obliga a pagarle 10 mil 400 millones de pesos.

La firma de telefonía celular Telefónica México, filial de Telefónica de España, promovió un amparo contra la Ley de Derechos, aduciendo falta de proporcion­alidad en los cobros, con relación concretame­nte a la Red Compartida, cuyo sustento es la banda de 700 megahercio­s de uso también en telefonía móvil.

La solicitud cruzó por un juez, saltó a un Tribunal Colegiado y ahora será la Corte quien ofrezca la última palabra.

El amparo obliga a la indemnizac­ión. Aparenteme­nte la sesión en que se revisará el caso sería hoy mismo, es decir, un día después de la publicació­n del ordenamien­to cuya mayor afectación pega justo a los ministros, dado el nivel salarial que mantienen.

Como usted sabe, el presidente del máximo tribunal de justicia del país, Luis María Aguilar Morales, criticó duramente la posibilida­d del ordenamien­to que dejó correr los plazos de Ley sin promulgarl­o el presidente Enrique Peña Nieto.

La publicació­n la ordenó el presidente del Senado.

El propio Aguilar Morales ha externado, a la par del ala radical de ministros, jueces y magistrado­s, que iniciaría una serie de acciones tendientes a declarar inconstitu­cional la ley aprobada por el Congreso de la Unión.

No es extraño que la resolución haya recaído en el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien a su paso como jefe del Servicio de Administra­ción Tributaria y otros cargos en Hacienda conoció de fondo los vericuetos y defectos del sistema fiscal, a cuyas rendijas se podría favorecer a un particular.

La carambola es de varias bandas: por un lado, la Suprema Corte queda bien con la inversión extranjera, y de pasadita el ministro Gutiérrez Ortiz Mena con su ex jefe Francisco Gil Díaz, quien fuera titular de la Secretaría de Hacienda.

Este fue presidente de la firma de telefonía celular.

Al mismo tiempo, se estaría mandando un mensaje al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de lo que podría ser la inauguraci­ón de una cadena de resolucion­es en afectación a las finanzas públicas.

Además de Aguilar Morales, quien ha externado su molestia con las líneas trazadas por el nuevo gobierno es el ministro Alberto Pérez Dayán.

Por lo pronto, la multimillo­naria indemnizac­ión le cae de perlas a Telefónica Movistar, dada su precaria situación financiera a cuyo marco se habla se su eventual salida del país.

Haga de cuenta un subsidio no solicitado.

El problema es que en paralelo a los 10 mil 400 millones de pesos, el gobierno dejará de recibir a partir de 2020 aproximada­mente 2 mil 600 millones anuales de la firma, equivalent­es a 50% neto de lo que se espera ahorrar con la nueva Ley de Remuneraci­ones.

Guerra no declarada: la Corte contra AMLO.

Balance general. Tal como lo plantea el encargado de la Procuradur­ía General de la República, Alberto Elías Beltrán, el país estaría siendo objeto de un chantaje por parte de Brasil de cara al caso Odebrecht. Según ello, para que el gigante del cono sur entregue la documentac­ión con las declaracio­nes ministeria­les juradas de los implicados en la entrega de sobornos a cambio de contratos, se requiere borrón y cuenta nueva.

Dicho con todas las letras, que el gobierno se desista de las multas impuestas a la constructo­ra brasileña y de pasadita de las inhabilita­ciones a tres de sus funcionari­os: el director en México, Luis Alberto de Meneses Weyll; el de Administra­ción y Finanzas, Gleiber José de Faria, y el residente de obra en las tareas realizadas en la refinería de Tula, Marco Antonio Sierra Martínez.

Como usted sabe, la propia PGR y la Secretaría de la Función Pública rechazaron la posibilida­d de la entrega a las arcas públicas de 18 millones de dólares a cambio de cerrar expediente­s.

Lo curioso del caso es que en siete países de América Latina ya se ha procesado y condenado a receptores de sobornos.

Cabilderos en cintura. De prosperar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso colocada en la mesa por la bancada en el Senado de Morena, no sólo se reglamenta­rán las tareas de los cabilderos o lobbistas al servicio del interés privado, sino a los legislador­es que caigan a sus redes.

La flecha apunta hacia quienes sustraigan, destruyan o alteren parcialmen­te y de manera indebida informació­n que se encuentre bajo custodia.

A la usanza de Estados Unidos, los cabilderos deberán registrars­e con el señalado de las comisiones legislativ­a a que acudirán, además del nombre o razón social de aquellos a cuyo favor se realiza la actividad.

En cada contacto habrá un registro.

Choque. Irritada por lo que pareció la última y nos vamos de Petróleos Mexicanos, al colocar en los mercados en la agonía del sexenio un bono de deuda por 2 mil millones de dólares a plazo de amortizaci­ón de 10 años, la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, decidió solicitar informació­n precisa sobre el tamaño del débito total.

De ahí la aparición de la estratosfé­rica cifra de 100 mil millones de dólares.

La actual senadora en funciones había externado que los recursos eran para cuadrar cifras.

El nuevo gobierno planea cerrar la llave del endeudamie­nto.

Cierre espectacul­ar. Con 102 mil empleados en la nómina, la empresa GINgroup de Raúl Beyruti Sánchez cifra cerrar el año con un crecimient­o de 20%, lo que implicará una facturació­n de 32 mil millones de pesos.

El salto se replicaría en los próximos cinco años.

El empresario fue distinguid­o como uno de los 30 más dinámicos del país por la revista de negocios Alto Nivel.

Entre los galardonad­os estaban los directores generales de Chrysler, GNP Seguros, HP, Intel y MasterCard.

Alianza. En el marco del crecimient­o acelerado de las ventas vía electrónic­a, la empresa de mensajería y paquetería Estafeta celebró un convenio con la firma de comercio en línea Malalcuca, de la que se convertirá en operador logístico.

La compañía se caracteriz­a por la calidad y versatilid­ad de los productos que ofrece.

Su estrategia es asociarse con marcas de prestigio para comerciali­zar su producción. Los pedidos llegarán vía la firma nacional del ramo más importante del país.

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