Deuda e inversión públicas: ¿qué implican para el PIB?
En los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2018, que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay un par de cifras que dan cuenta de una característica relevante en el funcionamiento de la economía del país: la práctica en materia de inversión física realizada por el gobierno y el comportamiento del costo financiero de la deuda pública.
Mientras la inversión física por cuenta del gobierno federal creció en términos reales en el periodo de enero a septiembre del año en curso en 4.9%, el costo financiero de la deuda pública para el mismo periodo tuvo un incremento real de 11.8%.
Es el último dato trimestral correspondiente a la actual administración pública federal, pero informa sobre uno de los resultados relevantes de años recientes. Las finanzas públicas están operando desde hace años con incrementos de la deuda que implican aumentos sostenidos en el pago de interés, tanto por el monto creciente, como también por el incremento de las tasas de interés a los que se colocan los títulos de deuda emitidos por el gobierno federal y otras instancias del sector público, como las empresas productivas del Estado.
Eso, sin que en contraparte se observen incrementos importantes en materia de inversión pública.
Hasta septiembre del año en curso la inversión física directamente realizada por el gobierno federal suma 250 mil 311 millones de pesos. En ese mismo periodo el costo de la deuda del gobierno federal es de 277 mil 452 millones de pesos, cifra mayor a lo invertido. Se puede advertir que hay otras instituciones del sector público que realizan inversiones y que estás son de gran importancia. Sin embargo es necesario considerar que la deuda de esta empresas es también muy importante.
Del total de la deuda del sector público, la mayor parte es deuda interna, es decir 64.5%, resultado principalmente de colocaciones de títulos por cuenta del gobierno federal. Sin embargo, en el caso de la deuda pública externa dominan las colocaciones por parte de las empresas productivas del Estado, sin que ello se refleje en incrementos notables en sus inversiones. Aumenta significativamente el costo financiero para el conjunto del sector público. En el periodo de enero a septiembre de 2018 alcanzó la cifra de 421 mil millones de pesos.
Modificar la relación entre una inversión muy débil e insuficiente por cuenta del sector público, en tanto se mantiene un alto endeudamiento e incluso incrementos en los costos de la deuda pública producto del alza en la tasas de interés es una condición para generar crecimiento en la economía.
La evolución en años recientes de la deuda pública interna colocada por cuenta del gobierno federal, sin que se observe un impacto en la inversión y en la actividad económica, es uno de los hechos que deben modificarse.
En diciembre de 2010 la deuda pública neta interna equivalía a 21.8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en septiembre de 2018 es de 28.3%. En un plazo más amplio el incremento es aún mayor: en diciembre de 2000 la deuda pública interna neta equivalía a 9.8%.
Un incremento que no se vincula con el crecimiento de la economía. La deuda pública neta externa, principalmente asociada a las colocaciones de títulos por Pemex y CFE, aumenta de 9.7% del PIB en diciembre de 2010 a 16% en septiembre de 2018.
No obstante, no hay cambios significativos en la extracción de hidrocarburos y menos incrementos en la refinación y otras transformaciones del petróleo. En materia de electricidad se observa un peso mayor de los productores privados en un escenario que por mucho tiempo se caracterizó por el incremento en las tarifas aplicadas al consumo de electricidad.
Fortalecer la inversión pública es un tema crucial para modificar el funcionamiento de la economía del país. Con un mayor crecimiento disminuye el peso relativo de la deuda y se generan más recursos para financiar las actividades económicas. Las finanzas públicas deben ser un actor que propicie el crecimiento y también cambios para mejorar la distribución del ingreso y aumentar significativamente los empleos dignos y con mayores remuneraciones.