La polémica propuesta

• Prevé la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios con una temporalidad de un año, que podrá prorrogarse por decisión del Presidente y autoriza el uso legítimo de la fuerza al Ejército y Marina.

• Contempla la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos y armamento para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia.

• Establece que durante las intervenciones de las Fuerzas Armadas se deberán preservar los derechos humanos y sus garantías.

• La legislación contempla que las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los diferentes ámbitos de sus respectivas competencias.