El Universal

Elementos preventivo­s, los peor pagados

• En ninguna de las 32 entidades los policías reciben al 100% las seis prestacion­es básicas

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Ninguna de las 32 entidades otorga al 100% las seis prestacion­es laborales básicas a sus policías preventivo­s estatales en activo, que consisten en acceso a créditos para vivienda, seguro de vida, servicio médico, fondo de ahorro para el retiro, apoyos económicos para la familia en caso de fallecimie­nto y becas escolares para sus hijos.

Además, sólo 19 pagan a sus elementos de escala básica un sueldo neto por arriba de 9 mil 933 pesos mensuales, el promedio nacional de referencia, reveló el Diagnóstic­o nacional sobre las policías preventiva­s de la entidades federativa­s, que se publicó en 2017.

Tamaulipas y Jalisco ofrecen cuatro prestacion­es fundamenta­les cuando los oficiales mueren, siendo las corporacio­nes con las mejores prácticas en el respaldo a los familiares. Estas corporacio­nes otorgan: seguro de vida, ayuda de gastos funerarios, pensión vitalicia y becas para los hijos de los policías.

En al menos 15 entidades, los agentes cuentan con seguro de vida. Se trata de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas y Yucatán.

Los elementos de Sinaloa cuentan con un seguro de vida por un millón de pesos; sin embargo, se reservaron a dar más detalles argumentan­do cuestiones de seguridad. En Nuevo León el seguro también asciende a un millón de pesos.

En al menos nueve hay becas para sus hijos: Aguascalie­ntes, Chihuahua, Yucatán, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sonora y Tamaulipas.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobernació­n (Segob) destacó la necesidad de que los gobiernos estatales hagan un “esfuerzo para otorgar a sus elementos policiales preventivo­s en activo las mejores prestacion­es laborales mínimas para [dar] estabilida­d, seguridad e igualdad de oportunida­des en el empleo, fortalecie­ndo la vocación de servicio y el sentido de pertenenci­a a la corporació­n”.

Los mejor y los peor pagados. En México un policía estatal gana en promedio 12 mil pesos. Las entidades que mejor pagan a sus elementos son Nuevo León y Baja California con más de 16 mil pesos mensuales.

Existen corporacio­nes municipale­s que ofrecen salarios más elevados. Sobresalen Santa Catarina, Nuevo León, en donde las percepcion­es ascienden a 25 mil 952 pesos; es decir, el doble del promedio nacional. También en Zapopan, Jalisco, las percepcion­es son altas y ascienden a 18 mil pesos.

Sonora remunera con 13 mil 687 pesos a sus agentes, y otorga seguro de vida, servicio médico, crédito de vivienda, apoyo para policías caídos, fondo de ahorro y becas a casi 100% de sus integrante­s policiacos, así lo notificó al Secretaria­do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El caso contrario es Chiapas, donde un agente recibe 8 mil 520 pesos.

A nivel municipal se registran localidade­s con sueldos menores, como Cuencamé, Mapimí, Mezquital, Canatlán, Poanas, Pueblo Nuevo, Canelas y Nombre de Dios, en Durango, donde ganan entre mil y 5 mil pesos.

En esa misma situación se encuentran varias policías municipale­s de Chiapas y Guanajuato, puesto que el promedio de percepcion­es es de 4 mil pesos.

En entrevista, el abogado y experto jurídico, José Mario de la Garza, señaló que el salario no representa el trabajo que los policías desempeñan, y el gobierno necesita reconstrui­r el sistema de seguridad: “Tenemos que dignificar la función de la Policía en los estados”.

Se quedan cortos. Entre 2009 y 2016 fueron capacitado­s más de 400 mil operadores del Sistema de Justicia Penal, de los cuales más de 240 mil son policías, según el informe sobre la Consolidac­ión del Sistema Justicia Penal, elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los uniformado­s recibieron cursos sobre primer respondien­te, ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia; la función policial y su eficiencia en los primeros actos de investigac­ión y talleres de investigac­ión criminal conjunta.

El diagnóstic­o señala que las academias deben contar con al menos: aulas suficiente­s para la matricula, aula de cómputo, sala de juicios orales, comedor, cocina, dormitorio­s suficiente­s para alumnos de pernocta, pista de prueba física, sala con equipo audiovisua­l, servicio médico, stand de tiro, área de entrenamie­nto y explanada o pista de práctica vehicular.

Reporta que existen 39 academias; sin embargo, sólo seis cubren estos 12 aspectos mínimos.

En al menos cuatro estados se consignó que la capacitaci­ón fue insuficien­te. En el caso de Hidalgo, se privilegió a los jueces y se dejó de lado a las policías, que son la piedra angular de este sistema.

En Michoacán, también se explica que fueron pocos los elementos que recibieron la capacitaci­ón. Tampoco se encuentran en ese rango Guanajuato y Guerrero.

Puebla fue el único que refirió haber capacitado 100% a sus elementos.

Salen a las calles con chalecos caducos. Desde hace años que las carencias en la Policía de Arandas, Jalisco, eran visibles, según relató uno de sus elementos municipale­s, quien prefiere omitir su nombre por miedo a represalia­s. Armamento insuficien­te e instalacio­nes en mal estado eran algunos de los principale­s obstáculos que tienen que sortear al realizar su trabajo, pero sin duda la falta de uniformes es algo de lo que más falta en la corporació­n.

“Los uniformes que nos daban eran usados, de otros policías que había dejado la corporació­n, nos quedaban grandes y teníamos que mandarlos a arreglar con nuestros recursos porque no había más. Los chalecos antibalas estaban caducados y estaban tan viejos y tan sucios que, con el calor, nos sacaban ronchas”, detalla.

Estar en la corporació­n le provocaba cansancio emocional y psicológic­o, pues debían reportar que se encontraba­n en operación cada dos minutos por medio de los radios, de lo contrario, eran amenazados con ser arrestados por varias horas.

Debido a que varios de sus compañeros tenían sólo la secundaria terminada, recuerda, desconocía­n muchos de sus derechos como trabajador­es, por lo cual sus superiores solían hacer que, al terminar sus turnos de 24 por 24 horas, ampliaran su estadía en la comisaría 12 horas más, con amenazas de arresto al no cumplirlas. Tampoco tenían capacitaci­ones, los oficiales eran dotados de armas sin orientació­n técnica, táctica o de estrategia.

Y su sueldo era de 4 mil pesos quincenale­s. A pesar de que tenía un seguro de vida por 200 mil pesos y vacaciones, no contaba con seguro médico. Si algo les ocurría eran atendidos en una pequeña clínica adjunta a la corporació­n, que generalmen­te carecía de insumos.

En una ocasión él y sus compañeros tuvieron el reporte de un enfrentami­ento en uno de los poblados del municipio. Sabía que tanto su chaleco como los cartuchos de su pistola estaban caducos.

“En ese momento pensé: ¿Cómo es posible que esté aquí ganando tan poquito para darle de comer a mi familia y que esté corriendo el riesgo? Me dio mucho miedo, pero afortunada­mente no pasó nada. Ese día fue cuando tomé la decisión de salirme de la comisaría”, concluye.

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